TAL CUAL
Cicpc interroga a expertos eléctricos. Fueron llamados a declarar por sus informaciones luego del último apagón. Sus respuestas pasarían a formar parte de un expediente contra el terrorismo. Les preguntaron por qué manejan información de uso oficial y por qué sabían tanto sobre la materia
Presuntamente por opinar sobre el apagón nacional del pasado 3 de septiembre y la crisis eléctrica del país, fueron llamados a declarar ante el Cicpc en calidad de testigos los ingenieros especialistas Miguel Lara, José Manuel Aller y Víctor Poleo.
Estos dos últimos sostienen que en términos generales les dijeron que el interrogatorio forma parte de un expediente que adelanta la división contra el terrorismo del referido cuerpo policial para dar con la autoría intelectual del terrorismo eléctrico y de la conmoción mediática causada.
Poleo cuenta que fue interrogado el miércoles 25 desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Dice que durante ese tiempo quedó claro que todas las interrogantes fueron basadas en declaraciones que él ha hecho en El Nacional , Noticias 24 y algunas emisoras, oportunidades en las que ha afirmado que los responsables de la situación eléctrica están en el Gobierno.
Al menos la mitad de las 13 preguntas que le hicieron, según sostiene, contenían acusaciones o imputaciones veladas referidas, por ejemplo, a por qué manejaba información que es de exclusivo dominio del Gobierno, o por qué acusaba a la gestión actual.
Cuando le preguntaron por qué sabía tanto de esto, el profesor de postgrado en la UCV indicó que no sólo por haber trabajado en esto en toda su vida profesional, sino también por haber estado al frente del viceministerio de electricidad en los dos primeros años de gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Cosa que hizo parar el interrogatorio, según apunta.
CONTRA LA LEY
El turno de la «entrevista» para Aller fue ayer desde las 10 hasta la 1 de la tarde. Afirma que su caso está relacionado con unas informaciones que ofreció a Noticias 24 el pasado 5 de septiembre.
El profesor en ingeniería eléctrica de la Universidad Simón Bolívar, manifiesta que en las tres horas del encuentro en la sede del Cicpc trataron de involucrar las interrogantes con el hecho de que el artículo 108 de la Ley Eléctrica establece que difundir información confidencial es un delito que puede ser penado con hasta 18 años de cárcel.
Casi el mismo número de preguntas le fueron aplicadas, pero a él sí se le dijo que la orden del interrogatorio estaba firmada por la Fiscal 20 con competencia nacional.
Se le interrogó sobre las fuentes de sus informaciones, las denuncias de corrupción en Corpoelec que ha hecho, las aseveraciones de que las fallas eran de mantenimiento, el manejo de los sistemas, del espacio físico donde se originó la génesis del apagón, y hasta cómo sabía él que haría más calor en septiembre.
A ninguno de los dos especialistas les dieron copias de sus declaraciones, porque de acuerdo a lo que se señalaron el expediente tendría que ir a Fiscalía en primer lugar. Tampoco les dijeron sí tenían que volver a rendir más declaraciones.
Poleo dice tener la impresión de que en esta situación está la mano cubana por detrás, porque entre las preguntas que le hicieron a él estaba una relacionada con la asesoría cubana en Venezuela.
Aller se confiesa un poco asustado porque considera que en un régimen donde no se respetan las instituciones se está a la expectativa. «La intención de todo esto es bastante obvia. Cero críticas a los errores y falsedades», apunta.
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