CORREO DEL CARONÍ
Los portones que dan paso a la central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma, el cuarto desarrollo hidroeléctrico en el Bajo Caroní, se mantienen cerrados. Los trabajadores que han salido del proyecto por la parálisis en la edificación y la salida de las contratistas por falta de pago se concentran a diario en los portones para hacer presión y obligar a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) a reactivar la obra.
Hoy dos reuniones claves que permitirán esclarecer el futuro laboral de los ahora desempleados de la central hidroeléctrica, cuya primera unidad generadora tipo Kaplan debía entrar en operación comercial en septiembre de 2012, según el proyecto original, pero las nuevas previsiones apuntan a que estaría en funcionamiento en abril de 2014.
El coordinador de área del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sutic), Alexander Rodríguez, explicó que el secretario general de la organización se reunirá en Caracas con el viceministro de Energía Eléctrica; mientras que en Puerto Ordaz se desarrollará un encuentro entre el presidente de Sutic y directivos de Corpoelec.
En paralelo, los trabajadores se mantendrán en el portón de Tocoma, a donde sólo tiene acceso personal de contingencia, servicios generales, bombas de achique y subestación eléctrica.
El déficit de pago ha sido el detonante de la paralización de la obra y, de acuerdo con Rodríguez, la respuesta de las autoridades es que no cuentan con recursos para reanudar las labores. “En un año botaron como a 9 mil personas, pese a que no deben hacerlo hasta que no haya culminado la obra”, indicó.
Destacó que el Consorcio OIV -Odebrecht Venezuela, Impregilo y Vinccler- ha sido responsable en el pago a sus trabajadores, pese a la magnitud de la deuda. La última acción que tomó para saldar compromisos, dijo, fue vender dos grúas de sus activos.
Más del 95% de las obras civiles, a cargo de OIV, han sido concluidas, mientras que los trabajos electromecánicos, en manos de la argentina Impsa Caribe, registran un avance de 65%, de acuerdo con información oficial de Corpoelec de finales del 2012.
213 trabajadores del Consorcio Uriapari, quienes inspeccionan los trabajos encargados a Impsa y OIV, fueron desincorporados desde diciembre del año pasado. El consorcio adeuda salarios desde la segunda quincena de octubre de 2013; cestaticket desde septiembre de 2013; contribución para útiles escolares del año pasado; utilidades; vacaciones desde noviembre de 2013; anticipo de prestaciones desde noviembre de 2012; intereses de fideicomiso de septiembre de 2012 a agosto de 2013; y HCM desde julio de 2013.
