TalCual
Ni la empresa Impsa o el Ministerio de Energía Eléctrica han aportado detalles sobre el acuerdo firmado alrededor de Tocoma. Cuando estaba en manos argentinas, Impsa capitalizó la venta e instalación de 10 turbinas Kaplan para la central hidroeléctrica, que viene a completar el desarrollo del Bajo Caroní. Sin embargo, se desconoce el verdadero estado de la obra luego de la paralización en 2014. En todo caso, dice el ingeniero electricista Alexis Barroso, los tiempos establecidos por Impsa son demasiado largos para una estructura que en algunas unidades superaba 40% de avance en obras electromecánicas
Hace 10 días, el Ministerio de Energía Eléctrica firmó un acuerdo con la empresa Impsa para la culminación de la central hidroeléctrica Manuel Piar (Tocoma) y «avanzar en trabajos del sistema eléctrico nacional que permitirán recuperar 2.640 megavatios al país». Pese a los anuncios, no hay claridad sobre la deuda adquirida por el Estado venezolano, las razones para escoger nuevamente a esta compañía para el mismo proyecto o una evaluación técnica pública sobre el estado de Tocoma y los lapsos para poner en marcha cada una de sus unidades.
La central hidroeléctrica Tocoma debía estar lista en 2013 e inaugurada en su segunda fase en 2018. Pero hasta la fecha no ha generado un solo megavatio para un sistema eléctrico en crisis.
Los contratos para la ejecución de la represa en el Bajo Caroní se le otorgaron a Impsa, cuando era de capital argentino, y al consorcio Odebretch–Impregilo–Vincler. A estos últimos se le pagaron más de 4.358 millones de dólares, según documentos que obtuvo Transparencia Venezuela.
El monto pagado por Tocoma, según datos oficiales hasta septiembre de 2017, fue de Bs 9.371 millones, y su avance físico de 87.19%. En total la inversión ha sido de 8.896 millones de dólares. Ese año, la Asamblea Nacional determinó que en los contratos se desfalcó a la nación más de 3.000 millones de dólares.
El primer contrato firmado entre Impsa y Corpoelec para Tocoma implicaba 10 turbinas tipo Kaplan de 223 megavatios, generadores sincrónicos, el transformador de potencia y todo el equipamiento de auxiliares mecánicos y eléctricos de cada unidad. Un lote de turbinas se envió al país pero no se culminó su instalación.
Pese a los retrasos, el gobierno venezolano no ha dejado de tener contacto con Impsa para culminar la hidroeléctrica. En 2022, el medio especializado argentino Memo reportó conversaciones entre Corpoelec e Impsa para una adenda (documento añadido) y extender la vigencia del contrato de Tocoma por 60 meses.
Este 2026, en el primer anuncio sobre la firma del acuerdo, la propia Impsa informó que tenían como meta inicial «recuperar 672 MW de capacidad de generación en un plazo de 19 meses». Sin embargo, el pasado 17 de junio, el presidente de la compañía, Jorge Salcedo, acortó los plazos de la primera fase.
«La primera fase de nuestro plan busca recuperar 672 MW en 14 meses, beneficiando a más de 6 millones de personas», indicó en la red social X en respuesta a un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela manifestando su respaldo al proyecto.
El trino estadounidense, firmado por el encargado de negocios John Barrett, también fijó como primer plazo de generación los próximos 14 meses. En todo caso, ni la propia empresa o EEUU aclara si esta generación eléctrica provendrá de Macagua o de la puesta en marcha de las primeras turbinas de Tocoma.
TalCual solicitó una entrevista con el presidente del Impsa o representantes del proyecto para conocer detalles del acuerdo firmado con el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
Tocoma se quedó en concreto
Alexis Barroso, ingeniero electricista especialista en Sistemas de Potencia, recuerda que el proyecto de la central hidroeléctrica Manuel Piar inició en 2007 bajo la presidencia de Hugo Chávez y se paralizó definitivamente en 2016. Un año más tarde, Corpoelec elaboró un informe técnico donde se determinó que la meta alcanzada entre obras civiles, mecánicas, electromecánicas y de transmisión habían alcanzado 87,19%.
El proyecto original de Tocoma contempla la generación de 2.160 megavatios, a través de 10 unidades. «Cuando uno desarrolla un sistema de estas características, son sistemas que tardan en construirse alrededor de cinco años porque son de gran magnitud. ¿Qué pasó aquí? Se suscitaron una serie de paralizaciones y, cuando se vuelve a iniciar, se pierde tiempo», explica el ingeniero.
El Banco Interamericano de Desarrollo estimó en un informe que la central Tocoma tendría un costo aproximado de 3.000 millones de dólares; sin embargo, hay opacidad en la cifra final que desembolsó el Estado venezolano porque no se conoce cuál es el monto total de la deuda a los proveedores, entre ellos la propia Impsa.
«Esta empresa americana, podríamos decir que su objetivo es capitalizar la deuda que dejó Impsa con Corpoelec, pero hay opacidad porque se desconoce cuál fue el monto del acuerdo, qué fue lo que se firmó para reiniciar las obras», afirma Barroso.
El ingeniero señala que debería existir una auditoría técnica para ver «en qué condiciones están esas unidades. En una obra de esta envergadura, cuando se inicia la obra electromecánica que es la instalación de generadores, de las turbinas, se hace por etapas al igual que los procesos de entrega».
«También hay equipos de Impsa que se contrataron y quedaron en reserva, no se sabe qué pasó con ellos. Esta es una obra que tiene una paralización de casi 10 años, la cuestión sería averiguar además que pasó con esos equipos y ver si pueden ser actualizadas», puntualiza.
Tampoco se sabe si se realizó una licitación o, por ejemplo, cuál es el monto de la deuda que contrajo el Estado venezolano con otros países como China para financiar la construcción de esta represa.
En todo caso, dice el ingeniero electricista, estos son tiempos demasiado largos para una estructura que en algunas unidades superaba 40% de avance en obras electromecánicas.
«Por supuesto, a estas unidades hay que hacerles pruebas. No se instalan de la noche a la mañana pero la pregunta es en qué estado quedaron las unidades 1, 2 y 3. Sé que hay obras inconclusas en la parte civil, electromecánica, a dónde va a salir esa energía generada. Conocemos que existía una subestación llamada Tocoma que era de 400 kilovoltios y que tenía salida hacia otra subestación llamada Guayana B. Habría que revisar qué pasó en estos diez años, si ya la empresa hizo la inspección, la auditoría. Por el tiempo, es como si estuviesen haciendo tres unidades de cero y no es así», recalca Barroso.
El experto señala que si bien la noticia es positiva porque se culminaría una de las obras de mayor envergadura en materia hidroeléctrica de los últimos años, pero si las subestaciones no están listas queda como generación interna para el desarrollo de Guayana. «Se puede aumentar la confiabilidad en el sistema hidroeléctrico, todo el desarrollo del Bajo Caroní, pero es energía que servirá para la recuperación de la industria siderúrgica».
Resalta que esta energía generada por Tocoma a futuro puede ser exportada, pero el sistema eléctrico nacional tiene un límite de exportación llamado Exportación Guayana, que se encuentra en 8.600 megavatios. «Eso es lo máximo de potencia que puede salir de Guayana y se cubre con lo generado por Macagua, Guri y Caruachi. Esos 600 megavatios pueden ayudar a lo que nosotros llamamos la reserva rodante del sistema y usar el excedente de energía para recuperar las siderúrgicas».
Para que esa energía generada vaya al sistema eléctrico nacional se debe aumentar la capacidad de transmisión, explica el ingeniero. «Esto implicaría nuevas líneas de transmisión, nuevos sistemas y nuevas subestaciones. Aquí se trata de ir a la par, no solo de recuperar o terminar estas hidroeléctricas sino de recuperar el parque termoeléctrico al occidente del país o generar otras energías alternativas».
«Por eso es positiva la firma con General Electric Vernova, que es una firma especializada que ya estuvo en Venezuela. Promete dar confianza y recuperar aquellos sistemas que son recuperables, porque ya hay algunas plantas termoeléctricas que ya cumplieron su vida útil, pero se puede hacer un overhauling que llevaría de seis meses a un año. Hay que recuperar esas plantas que tienen acceso a gas natural. No es solo Tocoma, debe hacerse un plan integral de recuperación eléctrica», afirma Barroso.
La nueva Impsa
Mercedes de Freitas, coordinadora ejecutiva de Transparencia Venezuela, puntualiza que el Estado venezolano debe dar detalles sobre los pagos realizados al consorcio integrado por Impsa y Odebrecht, el motivo de la paralización de las obras y el destino de los miles de millones de dólares invertidos.
«Antes de firmar con Impsa deben explicar qué ocurrió con Tocoma en 2014. ¿Por qué se paralizó?, ¿cuánto había pagado el Estado a Impsa y a Odebrecht?, ¿es cierto que Impsa había caído en default?, ¿por qué se vuelve a firmar con esta empresa?», inquiere De Freitas.
Insiste en que el Ejecutivo debe publicar el contrato original, el monto invertido, así como el nuevo convenio porque se trata de recursos públicos.
La propia Impsa reconoció que enfrentó una grave crisis financiera en 2014, en parte por los atrasos en cobros de contratos internacionales, incluido el de Venezuela. La empresa luego reestructuró sus deudas y cambió de accionistas.
Según una investigación de El Pitazo, en la firma de este nuevo convenio están involucrados al menos tres ejecutivos venezolanos, entre ellos el abogado Jorge Rafael Salcedo Hernández, quien es presidente de Impsa desde julio de 2025.
Salcedo Hernández fue identificado en 2017 como el defensor de Samark López Bello en Estados Unidos tras la imposición de sanciones del Departamento del Tesoro, que acusó al empresario de haber servido como testaferro a Tareck El Aissami.
Tanto El Aissami como Samarck López están detenidos en Venezuela y bajo juicio por la trama conocida como Pdvsa Cripto, un desfalco a la nación que se estima entre los 5.000 y 21.000 millones de dólares según cifras de la Fiscalía venezolana mencionadas en el proceso.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. (Impsa) pertenecía a la familia Pescarmona, ligada al kirchnerismo cuando consiguieron sus contratos en materia energética en Venezuela. Tras una larga crisis económica, entregaron el control de una compañía al borde de la quiebra al gobierno federal de Argentina y la Provincia de Córdova.
En 2025, Impsa fue privatizada tras la compra del consorcio estadounidense Industrial Adquisition Find, LLC (IAF), cuya accionista principal es Arc Energy, una empresa afín a Donald Trump y al Partido Republicano de EEUU. El monto de la operación fue de $27 millones y el encargo de asumir una deuda de $576 millones.
Días antes de la firma del convenio en Venezuela, Jorge Salcedo Hernández declaró a la agencia Bloomberg que el contrato firmado entre Impsa y Corpoelec seguía sin ejecutarse debido a problemas de pago y las sanciones estadounidenses.
En una presentación oficial de su análisis financiero en mayo de 2021, Impsa afirmaba tener pendiente por cobrar $397 millones de la cartera de contratos con Corpoelec, que perjudicó su flujo de caja.
«La reanudación de los trabajos de Impsa se incluiría como una adenda a los contratos actuales e inconclusos con Venezuela. El objetivo es reparar tres turbinas de 80 megavatios en Macagua y, cuando esté terminado, instalar dos unidades de 216 megavatios en Tocoma», dijo Salcedo a Bloomberg, quien también señaló que podrían poner en línea 160 megavatios de la central hidroeléctrica Macagua en 100 días.
Macagua, el otro misterio
Según la empresa Impsa, en el complejo hidroeléctrico Macagua esperan recuperar 480 megavatios de generación para «fortalecer el sistema eléctrico venezolano».
El ingeniero Alexis Barroso recuerda que el complejo, donde está ubicada la central Antonio José de Sucre, está dividido en tres fases. Su construcción inició a finales de los años 50 para servir a la electrificación del país y, en particular, activar la industria siderúrgica en el estado Bolívar con energía limpia y barata.
Considera que, principalmente en la primera fase de Macagua es necesaria un overhauling, una reestructuración para cambiar las unidades de generación que ya cumplieron su vida útil. «Son unidades pequeñas. La capacidad instalada de Macagua I son seis unidades de 64 megavatios. Imaginamos que esas seis unidades de casa de máquinas I serán recuperadas para actualizarlas y aumentar su capacidad».
Macagua II, explica Barroso, «es un sistema un poco más actualizado, con 12 turbinas generadoras de más de 200 megavatios, algo parecido a lo que se quería hacer en Tocoma, mientras que Macagua III son dos unidades de alrededor 80 megavatios».
