El Pitazo
Un informe de la firma Anova Policy Research revela que el racionamiento eléctrico y las fallas de agua afectan al 70,2% de los hogares, generando una pérdida de hasta 1.600 millones de dólares en la economía nacional y aumentando la brecha de género
Caracas.– El agravamiento de la crisis de los servicios públicos en Venezuela provocó que 494.763 personas dejaran de trabajar durante el año 2026, según estimaciones de la firma Anova Policy Research. Las fallas continuas en el suministro de energía eléctrica y agua potable obligan a las familias a dedicar parte de su jornada diaria a tareas de supervivencia doméstica, restando capacidad para integrarse o mantenerse en el mercado laboral.
En 2026, la proporción de hogares venezolanos sometidos a condiciones de precariedad en al menos uno de estos dos servicios alcanzó el 70,2 %, el nivel más alto registrado en los últimos tres años. Esta falta de infraestructura genera una carga que limita las actividades productivas de los ciudadanos.
“Sin dinero para sortear estas fallas, el recurso que entregan los hogares vulnerables es su propio tiempo”, apuntó el equipo de investigación de Anova Policy Research. De esta manera, las labores del hogar, como acarrear agua o lidiar con los apagones, compiten con las horas destinadas a generar ingresos.
Aumentan fallas en los servicios públicos
El colapso del sistema eléctrico se intensificó a finales de marzo de 2026, cuando el Gobierno aplicó una estrategia de racionamiento por 45 días. Al vencer dicho plazo, los apagones continuaron y en varias regiones los bloques de corte se extendieron hasta por diez horas seguidas.
Para mayo, ante el pico de demanda, el Ejecutivo solicitó al sector privado incrementar su autogeneración. Posteriormente, en agosto, la demanda eléctrica nacional alcanzó un máximo de 15.726 megavatios frente a una disponibilidad de aproximadamente 12.000 megavatios, lo que condujo al acuerdo de reducir el trabajo en la administración pública a días alternos y en media jornada, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., salvo en los servicios esenciales. Este viernes 18 de septiembre, el Ministerio para la Energía informó que Venezuela alcanzó el pico más alto de demanda en nueve años, requiriendo 16.030 megavatios (MW).
De acuerdo con el Índice de Precariedad de Servicios (IPS), construido a partir de la Encuesta de Formación de Ingresos y Gastos (EFIG), la proporción de hogares con cortes eléctricos diarios subió de 37,1 % en 2024 a 62,8 % en 2026, afectando a casi dos de cada tres familias.
Por otro lado, la minoría de viviendas con servicio eléctrico continuo descendió de 8,2 % en 2024 a 6,9 % en 2026. “La calidad y la frecuencia de los servicios básicos deciden si los miembros de un hogar pueden integrarse activamente a la economía local o quedan relegados a labores de subsistencia”, señaló el grupo de analistas de Anova Policy Research, citados en el informe Colapso de los servicios públicos: Los costos de la crisis de electricidad y agua sobre el mercado laboral de Venezuela publicado este 18 de septiembre.
En relación con el suministro de agua potable por la red pública, la deficiencia se ha agravado durante más de una década. En 2026, un 35,8 % de los hogares reportó una baja frecuencia en la recepción de agua, lo que representa un incremento de 3,6 puntos porcentuales respecto a 2024.
Además, las familias que reciben agua por tubería menos de un día a la semana aumentaron progresivamente de 15,4 % en 2024 a 22,1 % en 2026. Estas restricciones imponen a las personas un esfuerzo físico continuo para el acopio y almacenamiento del recurso.
Impacto en el empleo
El informe destaca que el impacto sobre el empleo se evidencia en las tasas de actividad y ocupación de la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años). Entre quienes habitan en hogares sin precariedad de servicios, la tasa de actividad laboral es de 66,5 %, mientras que entre quienes sufren deficiencias desciende a 60,2 %, reflejando una brecha de 4,4 puntos porcentuales tras ajustar controles estadísticos.
Asimismo, la tasa de ocupación se ubica en 62,5% para personas con servicios estables frente a 56,6% para aquellas con fallas severas, con una diferencia ajustada de 3,9 puntos porcentuales.
“La falta de servicios no solo encarece la vida doméstica: condiciona directamente la decisión de integrarse a la fuerza de trabajo”, sostuvo el informe de Anova Policy Research.
Esta caída en la participación tiene un efecto medible sobre la economía del país. La menor ocupación atribuible a la precariedad de los servicios equivale a 494.763 trabajadores fuera del mercado de trabajo.
Valorada al salario promedio de la población ocupada, esa mano de obra no aprovechada representa 1.159,4 millones de dólares que no se perciben en remuneraciones salariales, monto equivalente al 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2026. Al medir la pérdida según el producto marginal que estos trabajadores generarían, la cifra asciende a unos 1.600 millones de dólares, equivalentes al 1,4 % del PIB.
Según Anova, la crisis de infraestructura influye también de manera diferenciada según el género. Aunque la cantidad general de horas semanales trabajadas por la población ocupada no refleja grandes variaciones en los modelos globales, el comportamiento difiere entre hombres y mujeres. En los hogares precarios, los hombres trabajan en promedio 1,7 horas semanales más que los de hogares no precarios, con la finalidad de compensar los ingresos del núcleo familiar.
En cambio, las mujeres reducen sus horas en el mercado de trabajo remunerado para asumir las cargas de la supervivencia doméstica. “Ese efecto de sustitución afianza los roles de género tradicionales, penaliza de forma diferencial a las mujeres y levanta una barrera estructural a su autonomía económica”, advirtieron los investigadores citados en el informe de Anova Policy Research.
Como consecuencia de esta redistribución del tiempo, la brecha de género laboral se amplía. En las viviendas sin fallas de servicios, las mujeres ocupadas trabajan 3,2 horas semanales menos que los hombres. En los hogares con servicios precarios, esta diferencia se eleva a 5,6 horas semanales.
La diferencia de 2,4 horas adicionales representa un incremento del 75 % en la brecha de género debida únicamente a la precariedad en agua y electricidad. Este factor limita la incorporación de la mujer en un mercado donde la tasa de participación femenina ya figura entre las más bajas de América Latina.
Las decisiones gubernamentales adoptadas hasta el momento han buscado mitigar los efectos inmediatos de la crisis eléctrica sin resolver la infraestructura subyacente. La reducción de la jornada laboral en las instituciones públicas a media jornada devolvió tiempo libre a los funcionarios, pero no detuvo el déficit de energía ni la escasez de agua.
“Una política nacional de rehabilitación de servicios públicos, que devuelva un suministro confiable de agua y electricidad, no sería solo una política de alivio social: tendría claros impactos macroeconómicos y laborales”, concluyó el equipo de investigación de Anova Policy Research.
