Efecto Cocuyo
Diputada Nora Bracho (UNT) advirtió que el proyecto de ley llevado a la Cámara no es el mismo que se presentó en la Comisión de Administración y Servicios
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) difirió por tercera vez la sanción de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La Cámara continuó la segunda discusión desde el artículo 25 hasta el artículo 95 del instrumento legal planteado por el Ejecutivo encargado en manos de Delcy Rodríguez y que consta de 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una final.
La normativa busca atraer inversiones privadas para el sector, en el contexto de graves fallas del sistema eléctrico en el país, que trae como consecuencias apagones diarios y prolongados en hogares y comercios y repetitivas fluctuaciones del servicio que afecta equipos y electrodomésticos.
Durante la discusión del artículo 59, el diputado del Psuv, Pedro Carreño, se quejó de que los diputados de oposición formularan propuestas en el hemiciclo sin haber participado en la consulta pública ni presentar observaciones a la Comisión de Administración y Servicios.
La observación provocó la respuesta de la diputada del grupo Libertad, Nora Bracho (UNT), quien a su vez reclamó que el proyecto de reforma que se estaba sometiendo a discusión no era el mismo que se presentó en la Comisión de Administración y Servicios. Asimismo, aseguró que solo se hizo una consulta pública del instrumento legal, mientras la oposición recibió propuestas de sectores como los colegios de ingenieros que no fueron tomadas en cuenta para la elaboración de la reforma.
Carreño vs. Bracho
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, quien presidió la sesión ordinaria de este 5 de noviembre, en ausencia del jefe del Parlamento, Jorge Rodriguez, le dijo a Bracho que estaba fuera de orden.
Al pedir un nuevo diferimiento de la ley, Carreño cuestionó a Bracho “la flojera” de la bancada opositora de no leer el proyecto de ley y aventurarse a hacer afirmaciones. Pidió paciencia a los diputados por lo largo del texto y que solo restaban 24 artículos para la próxima sesión ordinaria de la AN.
Bracho volvió a replicar que no se quedaría callada por no incomodar a Carreño.
“El Sistema eléctrico tiene 27 años destruido porque personas como usted no han entendido que Venezuela merece vivir bien y con buenos servicios públicos. Han nombrado ministros sin capacidad”, dijo la diputada, antes de ser interrumpida por Infante para votar el diferimiento.
¿Qué se aprobó?
Entre los artículos que recibieron sanción este jueves está el 25 que establece obligaciones para la Corporación Eléctrica Nacional y sus filiales; entre ellas, coordinar con los municipios la operación del alumbrado público; compensar a los usuarios los daños causados por fallas que le sean imputables y reembolsar los montos cobrados en exceso por errores de medición, lectura o facturación.
Asimismo, se aprobó el artículo 30, el cual establece que el Ministerio con competencia en materia de energía eléctrica ejercerá la potestad de intervención y reversión sobre las concesiones otorgadas conforme a esta ley y que según el artículo 26, también aprobado, tienen una duración máxima de 25 años.
Un punto que generó debate entre el chavismo y la oposicion en la AN fue la participación de los municipios en la ley (atribuciones), de acuerdo con el artículo 32 sancionado.
Bracho advirtió que se menoscaban las competencias municipales porque los gobiernos locales tienen potestad en servicios públicos locales, entre ellos, agua, gas, electricidad, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En este sentido, junto al diputado Antonio Ecarri, solicitó participación de los municipios en los planes de mejoramiento de la red local del sistema eléctrico.
“Requerimos que los alcaldes participen porque son los que se están calando la crisis eléctrica, haciendo frente a los problemas denunciados por las comunidades”, dijo Ecarri antes de que el chavismo negara la propuesta.
De acuerdo con el artículo 34, sancionado este jueves, los usuarios tienen derechos como: obtener de la empresa operadora la compensación adecuada por los daños a artefactos o equipos eléctricos ocasionados por fluctuaciones o fallas atribuibles a la prestación del servicio, así como el resarcimiento de los demás daños causados por fallas en el suministro.
Igualmente, los consumidores tienen derecho a obtener de la empresa operadora el reembolso de los montos cobrados en exceso, cuando la tarifa aplicada haya sido indebidamente cambiada o existan errores de medición, lectura o facturación.
“Queda prohibida la suspensión discrecional o arbitraria del servicio eléctrico. La desconexión sólo procederá por incumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio o por causas técnicas de seguridad, previo aviso justificado, conforme a las normas que dicte la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional”, reza el artículo.
Ecarri intervino para señalar que se debía estimular aún más en la ley la contraloría social y reforzar la competencia de la Defensoría del Pueblo en materia de supervisar la buena prestación de los servicios públicos. Al negar el planteamiento, el chavismo argumentó que la contraloría social sí estaba asentada en la legislación.
Rompe monopolio de Corpoelec
La ley crea organismos como la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, como ente regulador, de control y de fiscalización y el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico, como ente técnico de despacho y liquidación de la energía eléctrica. Ambos organismos, junto a Corpoelec, conforman el Sector Eléctrico Nacional, según el articulo 11 sancionado en sesion anterior. Tambien se da cabida a las empresas operadoras mixtas y privadas, lo que rompe el monopolio de Corpoelec.
Analistas como el expresidente de la Comision de Energia y Petroleo, Elias Matta, han destacado que el instrumento legal constituye un reconocimiento implícito del fracaso del modelo estatista al abrir los segmentos de generación, distribución y comercialización a la libre inversión. Pero ha alertado que la redacción de la ley carece de la seguridad jurídica indispensable para que la banca internacional financie los proyectos que requiere el país.
«Lo que falta no contradice la reforma, la completa. Si la Asamblea corrige estas brechas, Venezuela tendrá un marco eléctrico competitivo en la región. Si no, tendremos una ley moderna en el papel y apagones en la realidad», dijo Matta en un comunicado de prensa.
En otros puntos de la agenda la plenaria autorizó la designación de Alexander Yanez como nuevo embajador ante la República de Guyana y aprobó en segunda discusión la Ley Aprobatoria del convenio para la Unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional.
