El Pitazo
Ing° Jesús Olivares
La reforma a la Ley del Servicio Eléctrico, aprobada el 10 de noviembre de 2026, abre formalmente la puerta a la inversión privada y mixta en el sector eléctrico venezolano. Aunque mantiene a Corpoelec como el gran operador del Estado y conservando los bienes públicos, permite otorgar concesiones de hasta 25 años para generar, importar y vender electricidad.
Sin embargo, el documento aclara que este texto por sí solo no resuelve el problema del servicio: funciona como un marco general que dependerá totalmente de las normas, metodologías y reglamentos que las autoridades deben dictar en los próximos meses.
Puntos clave de la reforma
● Participación privada y pública: Corpoelec sigue manejando el sistema central. A la vez, se abre el juego a empresas privadas, mixtas, autogeneradores, municipios y comunidades.
● Bienes al terminar la concesión: Toda la infraestructura construida o adquirida por privados pasará a manos de Corpoelec sin cargas cuando venza el contrato de hasta 25 años.
● Nueva Superintendencia: Se crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional para fijar peajes, regular el acceso a las redes, supervisar la calidad y aplicar sanciones. Su autonomía y nivel técnico serán determinantes para que el modelo funcione.
● Autogeneración e industria: Empresas (como las petroleras) o particulares podrán generar su propia energía para redes internas sin requerir permisos especiales, salvo que necesiten conectarse a la red nacional.
● Tarifas y subsidios: Las tarifas se ajustarán según la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (el euro) para evitar la pérdida de valor por inflación. Para proteger a los sectores vulnerables, se establece la creación de un fondo de subsidios.
● Comunidades: Las Mesas Técnicas de Energía y organizaciones comunitarias apoyarán en la vigilancia, detección de fallas y proyectos locales, sin sustituir las tareas técnicas del operador estatal.
Aspectos críticos por resolver en los próximos 180 días. La ley otorga un plazo de 180 días para redactar sus reglamentos operativos. Sin esas reglas concretas, existen vacíos sobre temas fundamentales:
1. 2. Claridad en las tarifas: No basta con fijar la tarifa en euros; falta definir la fórmula exacta que calcula los costos de generación, transporte, pérdidas y ganancias permitidas, así como asegurar el financiamiento real del fondo de subsidios para que no se convierta en una deuda impagable.
Garantías para los inversionistas: Para atraer capital, las empresas necesitan reglas claras sobre cómo recuperarán su inversión, protección jurídica, libertad para administrardividendos y un trato transparente sin decisiones arbitrarias.
3. Despacho y red: Se deben establecer los criterios para que cualquier generador se conecte a la red de forma equitativa, además de definir las reglas técnicas para integrar energías renovables (solar y eólica).
4. Sanciones justas: Las multas por fallas graves o manipulación de la red pueden llegar hasta el 2% de los ingresos anuales de las empresas. Se aplican penas de cárcel por hurto de energía o materiales, pero el proceso de sanción debe garantizar el debido derecho a la defensa.
Resumen final
La reforma da un paso necesario al romper el monopolio estatal absoluto y sentar bases legales para la llegada de inversionistas privados y energías limpias. No obstante, por ahora es una ley marco. Su éxito real no se medirá por su aprobación en la Asamblea, sino por la transparencia, rapidez y rigor técnico con que se redacten los reglamentos que la hagan aplicable en el día a día.
La reforma aprobada funciona estrictamente como una ley marco que, por sí sola, carece de la operatividad necesaria para transformar el sector eléctrico. Sin un despliegue reglamentario correcto, moderno, operativo y funcional que detalle las tarifas, los peajes, el despacho y las garantías contractuales, la ley será inviable en la práctica y no logrará concretar ninguna solución real.
https://elpitazo.net/opinion/la-realidad-de-la-reforma-a-la-ley-de-servicio-electrico/
