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El ingeniero José María de Viana advirtió que la nueva legislación mantiene el modelo que considera responsable del deterioro del servicio eléctrico venezolano y no ofrece garantías para atraer capitales internacionales
La reforma de la Ley del Servicio Eléctrico aprobada por la Asamblea Nacional no resolverá los problemas de suministro de energía en Venezuela. Así lo advirtió el ingeniero José María de Viana, expresidente de Hidrocapital y Movilnet, quien considera que la legislación mantiene las deficiencias estructurales del sector y desalienta la inversión privada necesaria para recuperarlo.
Durante una entrevista en el programa Noche D, De Viana aseguró que la reforma presenta «deficiencias severas» y que no incorpora las condiciones que han permitido recuperar los sistemas eléctricos de países como Chile, Colombia y Perú.
«Esa ley va a ahuyentar a la inversión internacional que estaría deseosa de ayudar a Venezuela a salir de este problema», sostuvo.
El especialista cuestionó especialmente la continuidad de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) como operador central del sistema. A su juicio, la primera medida para recuperar el servicio debería ser disolver la empresa estatal y restablecer un modelo de compañías regionales.
«La reforma le vuelve a dar poderes extraordinarios a Corpoelec», criticó. De Viana atribuyó a la centralización del sector durante las últimas dos décadas buena parte de su deterioro.
También señaló que la nueva legislación contempla facultades de expropiación, sanciones penales y un organismo regulador cuyos integrantes serían de libre nombramiento y remoción. Estas condiciones, afirmó, generan incertidumbre para los posibles inversionistas.
El ingeniero recordó que en 1999 Hugo Chávez aprobó una ley eléctrica que, según su evaluación, ofrecía mejores condiciones para la participación privada que la reforma actual.
¿Quién pagará la electricidad?
Uno de los asuntos abordados durante la entrevista fue el impacto que tendrán las nuevas disposiciones sobre las tarifas eléctricas, que contemplan mecanismos de indexación y subsidios.
De Viana cuestionó que la ley no establezca con suficiente claridad cómo funcionará el esquema de subsidios ni cómo se distribuirán los costos entre los distintos consumidores.
Como referencia mencionó el modelo colombiano, que contempla seis niveles tarifarios según la capacidad de pago de los usuarios. A su juicio, Venezuela necesita un mecanismo que garantice el acceso de los sectores de menores ingresos y permita sostener financieramente el servicio.
También advirtió sobre las consecuencias de promover la autogeneración eléctrica en las industrias petrolera, siderúrgica y del aluminio.
Explicó que estas actividades son grandes consumidoras de electricidad y, por tanto, contribuyen de manera importante al financiamiento del sistema interconectado. Si comienzan a producir su propia energía y reducen su participación en la red nacional, los costos restantes tendrán que ser asumidos por otros usuarios.
Ante el planteamiento de que esa carga terminaría trasladándose a comercios y hogares, De Viana respondió afirmativamente.
El ingeniero defendió que las industrias permanezcan conectadas al sistema nacional, tanto por su contribución económica como por las condiciones de confiabilidad que necesitan para operar.
Sin soluciones inmediatas
De Viana insistió en que Venezuela necesita una reforma que separe las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica, permita una amplia participación privada y establezca una regulación técnica independiente.
Aseguró que, con un marco legal adecuado y operadores internacionales, el país podría comenzar a experimentar mejoras en el suministro eléctrico en menos de tres años.
Sin embargo, considera que la reforma aprobada no permitirá alcanzar ese objetivo y que los problemas de suministro continuarán mientras no se modifique el modelo de funcionamiento del sector.
«Este problema es un problema previo, porque depende de que lo arreglemos bien la miseria o la prosperidad del país», concluyó.



