TAL CUAL
El estado venezolano considera que el servicio eléctrico es una razón de estado, en contra de ser un servicio ciudadano, por lo que opositores y oficialistas se irritan por igual. Ingresos petroleros no han dejado de incrementarse desde 17 dólares en 1999 hasta más de 120 dólares en 2008
Hay que preguntarse si la actual crisis eléctrica es producto de una deficiencia burocrática, o es el resultado de un proyecto político identificado como revolución y más concretamente como el socialismo del siglo 21.
Pareciera inexplicable que una actividad que funcionó con precisión y eficiencia sin tener una ley que la reglamentara, al asumir el mando el chavismo comenzó a mostrar sus grietas y fallas, no obstante haber promulgado la primera ley eléctrica en 1999. El servicio eléctrico emergió como problema nacional a finales del 2009, pero se registraban cientos de apagones anuales desde finales del 2002, y no por falta de recursos.
Este es un problema de vieja data y hay cifras entre 2002 y 2005 las cuales demuestran que sólo ejecutaron el 20 por ciento de los presupuestos de mantenimiento, y esta es parte de la cosecha que se puede observar en la actualidad. No puede arreglarse de la noche a la mañana y podrá traer nuevas novedades desagradables.
Hay números impresionantes indicando la existencia de 3.800 megavatios de equipos con grandes señales de agotamiento, de un parque nacional que tiene una capacidad instalada de 8.500 a 10.000 megavatios (algo así como la mitad con problemas), sin incluir los maquillajes de mantenimiento que burocráticamente pueden esconderse, pero posteriormente aparecen como eventos y accidentes.
El barril de petróleo a partir de 1999 salió de la época de las vacas flacas y comenzó a subir ese año, cotizándose en 17.08 dólares el barril. Para el 2000 subió a 28.20 dólares, en el 2001 a 22.47 dolares, a 2002 a 23.47 dólares y en el 2003 a 27.16 dólares.
No es necesario mencionar que en el 2008 se vendió el barril a 120 dólares, y allí comenzaron a aparecer los apagones nacionales diarios y las fallas masivas en las ciudades del interior, como parte del paisaje.
En el Foro «¿Es posible conjurar la actual crisis eléctrica?» celebrado en El Nacional , Victor Poleo dijo que se «observaron grandes errores al vetar los desarrollos hidroeléctricos en el Alto Caroní de 7.500 megavatios, calificado como una decisión personalísima del ministro Giordani y considerada como una política económica contra la razón. Insiste en decir que el Estado venezolano considera que el servicio eléctrico es una razón de Estado, en contra de ser un servicio ciudadano, que es quien la paga.
Expresó que la ley eléctrica del 99 aspiraba a diseñar una serie de acciones para erradicar las intolerables deficiencias corporativas permitidas a Cadafe, y también eliminar el buró de negocios que controlaba el gobierno de turno en ésa corporación estatal eléctrica.
El legislador que había trabajado razonable y técnicamente en la separación de las actividades en los tres bloques de Generación, Transmisión (con la fusión de las líneas troncales de muy alta tensión de Edelca, Cadafe y Enelven) y Distribución, optó por desbaratar todo lo creado. Esa nueva ley eléctrica, promulgada por la nueva administración consolidó los conceptos más modernos y sabios para manejar el negocio eléctrico en los aspectos institucional y económico y no crear una organización política más, como si fuera el MBR o el PSUV. El Gobierno también cerró la Opsis, un organismo que observaba todo lo que sucedía en el sector, cuando se caía el servicio en una población del interior o bajaban los metros de agua en el Guri.
Todos los errores, o las intencionales malas gestiones, visiblemente comienzan a registrarse en abril 2000, cuando los fundadores y operadores nacionales de la Electricidad de Caracas (desde 1895) la entregan a la empresa estadounidense AES, (consintiendo una inexplicable OPA) una compañía con una mínima tradición en la actividad eléctrica y gran experiencia en promoción de negocios, que estuvo a punto de quedarse con la Cantv, (a traves de otra OPA) en una componenda, que de haber resultado exitosa, con sólo vender la mitad de los activos de la Cantv habría pagado la corporación telefónica.
Poleo advirtió que la mayor responsabilidad recae en el Ministerio de Energía y Minas, que recomendó durante la administración de Alí Rodríguez, se podían desviar las inversiones en mantenimiento y sacarle el jugo al Guri, con mezquinas y mínimas aportes para crear generación termoeléctrica y durante la década transcurrida la politización se apoderó del negocio. Supuestamente, en las próximas elecciones del 7 de octubre los electores podrán pasarle la factura eléctrica al Gobierno.
http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=76678&tipo=AVA
