CORREO DEL CARONÍ
El secretario general de Sintralcasa, Henry Arias, exigió al gobernador Francisco Rangel y al alcalde, José Ramón López, que medien ante el Gobierno por la reductora de aluminio.
Decenas de dirigentes han declarado en quiebra a CVG Alcasa. Ayer fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias y en el 2011 el ex presidente de la estatal, Elio Sayago y, así como ellos, otros tantos en la última década.
Por eso los adjetivos con los que se describe la crítica situación de la pionera ya no causan alarma entre los trabajadores.
Es esa la razón que mantiene alarmados a los alcasianos.
Sin embargo, un supuesto comentario del ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, mantiene expectantes a los 4 mil 500 trabajadores que dependen de CVG Alcasa.
Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, el presidente de la estatal, Ángel Marcano, contó en una reunión que Giordani habría dicho que, antes que firmar cualquier anticipo de contrato y utilidades, era preferible cerrar a Alcasa.
“En esa reunión Giordani dijo que Alcasa hay que cerrarla (…) Eso no los contó Marcano (…) No es posible que antes del proceso electoral hayan tenido un discurso con los trabajadores, y después vengan a decirle que van a cerrar a CVG Alcasa (…) Eso nosotros no lo vamos a permitir”, relató.
Giordani en su libro Impresiones de lo cotidiano ya hizo referencia a la “incapacidad institucional” y los riesgos laborales que hacían de Guayana y sus empresas un barril de pólvora.
“Las condiciones de algunas de esas plantas lo que requieren es simplemente su cierre temporal o definitivo para seguir evitando estos costes humanos y ambientales”, aseguraba el ministro.
De modo que las deliberaciones del economista hacen sombra en tiempos en donde las fábricas acentúan su debilidad operativa.
El secretario general exhortó a Giordani, al gobernador del estado Francisco Rangel Gómez y al alcalde de Caroní, José Ramón López, a que atiendan la situación operativa. “El problema no es sólo de los alcasianos, es un problema social”.
Cierre técnico
Las posibilidades de otra línea de producción son ciertas para Arias. El complejo IV de 216 celdas, sólo tiene conectadas 50 y, aun así, es difícil atender la contingencia con tan pocos equipos móviles operativos.
En tres semanas, Alcasa ha desincorporado, 19 celdas para mantener operativas 128 de 396 en las líneas III y IV.
Lo riesgoso de mantener celdas ‘enfermas’, añadió, es la posibilidad de que alguna de estas se perfore y genere un incendio o explosión en la planta. Para evitar el peligro, frecuentemente se opta por “matar” la celda antes de que entre en un colapso mayor.
Arias emplaza al Ejecutivo -de una vez por todas- a bajar los recursos y minimizar los factores externos que inciden en la producción: como la escasez de alúmina, la burocracia para acceder a los recursos y comprar repuestos.
“Nosotros no vamos a permitir que cierren Alcasa, ni que desvíen los repuestos para Venalum”, advirtió, al tiempo que insistió en desarrollar la V línea de Alcasa y generar empleo y dividendos adicionales a la estatal.
Exigen investigación
El Colectivo Obrero Socialista de Alcasa (Colosal) no se explica cómo es que el Gobierno aprobó 403 millones de dólares (Fondo Conjunto Chino Venezolano) y 90.3 millones de dólares (Fondo de Desarrollo Nacional), y CVG Alcasa está peor que en mayo, cuando habían conectadas 150 celdas.
El director Luis Campos y el trabajador Manuel Figuera solicitaron, ante las circunstancias, una investigación de la Contraloría General de la República y la comisión de asuntos económicos de la Asamblea Nacional a CVG Alcasa.
Los trabajadores presumen que hay un “plan sistemático” para apresurar negociaciones con transnacionales como la Chalieco o Glencore con el objeto de obtener “jugosas comisiones”.
