EL UNIVERSAL
Desde hace un año están vigentes normas dirigidas a bajar el consumo
Las disposiciones del ministerio de Energía Eléctrica, dirigidas a «regular y promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica», resultan «injustas e ilegales» para los consumidores residenciales e industriales, dijo José Aguilar, consultor internacional en asuntos eléctricos.
A un año de vigencia de las resoluciones número 73, 74, 75 y 76 de ese despacho, el analista señaló que «no se justifican» estas normas, «en un país electrificado y en el que se han destinado considerables recursos, de acuerdo a voceros del Gobierno, al sistema eléctrico nacional».
En el texto de las resoluciones se advierte «la regulación y promoción del uso racional de la energía» a los sistemas de publicidad contenidos o promovidos en vallas y avisos publicitarios luminosos, «al consumo excesivo mensual de los usuarios residenciales a nivel nacional», «a los usuarios industriales, comerciales y oficiales con cargas iguales o superiores a los 200 kVA y establecen la toma de acciones por parte de las personas jurídicas del sector privado que tengan una demanda que supere el valor de un megavoltioamperio (1 MVA)».
El Gobierno justifica la aplicación de esas medidas, ante el «repunte excesivo del consumo eléctrico».
Al referirse a la regulación de la energía en publicidad, Aguilar indicó que «la medida tiene sus incongruencias, por un lado restringe el horario de funcionamiento y por otro lado, incentiva el consumo de combustibles para la autogeneración, ambas opciones son ineficientes por estar el país electrificado».
Destacó que estas medidas «no son de ahorro, son de racionamiento pues son escasos los megavatios disponibles para enfrentar una endémica demanda». Sostuvo el especialista que «el usuario residencial es martirizado innecesariamente e ilegalmente por estos topes de consumo, que no son más que un aumento de recaudación o tarifas disfrazadas».
La resolución hacia los consumidores residenciales es ilegal porque viola la Constitución Nacional y el convenio empresa eléctrica-usuario, comentó. «Pese a tener todos los andamiajes legales es ilegítima, pues se basa en números manoseados para justificarla, por lo tanto carece de legitimidad. Según la memoria y cuenta 2011 del ministerio, esta resolución no es del todo efectiva ya que apenas un 0,2% se obtuvo de ahorro».
Comentó que «pudiera estar causando una reducción severa en el aparato productivo nacional, pero el llamado ahorro en realidad causa más daño a la economía al estrangular la demanda, cosa que sí se ha logrado. Pero en términos de la medida no da los resultados porque más bien se ha incrementado el consumo per cápita en el sector industrial».
