EL UNIVERSAL
Medidas eléctricas demuestran que la población siempre es la más afectada
La medida de ahorro eléctrico anunciada por el Gobierno, en el marco del Plan de Acción a 100 Días, está orientado a reducir las importaciones de combustible y por tanto, disminuir los elevados costos que implica generar energía termoeléctrica en el país, sostuvo Miguel Lara, ex gerente general de la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis).
El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, informó este martes que la meta del plan es alcanzar la estabilidad del sistema mediante la reducción de la demanda en 1.000 megavatios (Mw) y el aumento de la generación en 1.000 Mw.
Lara comentó que estas medidas, ya conocidas y aplicadas en el país en los últimos tres años, difieren en que en 2010 el argumento para adoptar disposiciones restrictivas al uso de la electricidad estaba asociado al fenómeno El Niño y la caída sostenida del embalse de Guri y en 2013, el basamento parece estar vinculado al combustible.
«El ahorro va orientado a que están importando a 100 dólares el barril de diesel y ese subsidio del Estado es mayor que tener congelada la tarifa. Entonces al reducir la demanda, bajan los costos por combustible», apuntó el especialista.
Al referirse a las tarifas indicó que siempre han sido escalonadas. «Hay una tarifa social y a partir de ella, se va elevando el pago en función del consumo. Hoy se paga más por el aseo urbano que por el servicio eléctrico».
Los 100 días
Lara destacó que de las declaraciones del ministro se observa «buena intención» por solventar los múltiples problemas del sector eléctrico. «Creo sin embargo, que el anuncio de tantas medidas, entre ellas el Plan de 100 días, es como un llamado de atención» frente al impacto que significó el deterioro del servicio eléctrico en las elecciones, según dijo Chacón como conocedor de encuestas.
En este Plan, «poco novedoso», se incluye la sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores, política que arrojó un saldo favorable en 2007, al atenuar en unos 700 u 800 Mw la demanda eléctrica; la reducción del 20% de la demanda en el sector público, la autogeneración en las empresas, las campañas de uso racional de la energía, lo que significa que «no avanzamos» y que «la población siempre es la más afectada» por estas decisiones.
Comentó que anteriormente el sistema «contaba con reserva suficientes para realizar los mantenimientos y para soportar fallas, que se resolvían sin extender el impacto» del evento en los usuarios.
El analista sugirió a las nuevas autoridades «reunirse con un equipo de profesionales que conozca al sector, ello garantizará un diagnóstico apropiado de las unidades generadoras, de las líneas de distribución y transmisión y asumir en consecuencia, decisiones acertadas; de lo contrario, estas medidas repetidas tendrán resultados repetidos» a futuro.
