TAL CUAL
Persistencia de la crisis eléctrica. No es a fuerza de decretos que se puede combatir la oscuridad y los apagones. El colapso se debe al retraso en las inversiones y abandono del sector durante 14 años de gobierno. No se trata de actos de sabotaje ni la solución es la de militarizar la infraestructura energética
Según consta en Decreto 9 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, identificada con el número 40.151 de fecha 22 de abril de 2013, el Ejecutivo Nacional ha declarado oficialmente el «Estado de Emergencia del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional» durante un lapso, que en principio, se entenderá por 90 días, contados a partir de la fecha previamente mencionada.
Esta no es la primera vez que el Gobierno instrumenta una medida de este tipo. El 2 de febrero de 2010, Hugo Chávez, en el uso de las atribuciones que en ese momento le confería su condición de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, promulgó el Decreto No. 7.228, en el cual se declaraba el Estado de Emergencia Eléctrica en todo el país por 60 días, los cuales una vez transcurridos, fueron prorrogados por igual lapso, es decir un total de 120 días.
Las causas argumentadas en esta oportunidad para decretar el Estado de Emergencia Eléctrica nacional por parte de Nicolás Maduro, no difieren sustancialmente en su basamento de las contenidas en el Decreto del año 2010.
Así pues, ambas declaratorias de emergencias estipulan que el servicio público de energía eléctrica implica seguridad y defensa de la nación, siendo la electricidad un bien indispensable para el desarrollo económico y la calidad de vida del pueblo.
DECRETOS INÚTILES
Por otra parte, ambos ordenamientos señalan la existencia de un conjunto de circunstancias que afectan el abastecimiento de electricidad al sistema eléctrico nacional, que incide sensiblemente en el desarrollo de las actividades productivas y económicas del país y que la capacidad de generación eléctrica, considerando un incremento en la capacidad instalada, ha resultado insuficiente para alcanzar la demanda nacional tomando en cuenta el crecimiento interanual de esta.
Mencionadas las coincidencias que han conllevado a decretar el estado de emergencia eléctrica nacional en estas dos oportunidades, comentamos algunas diferencias entre estos instrumentos.
En el decreto de emergencia eléctrica de 2010, se atribuye casi exclusivamente la crisis del sector a una circunstancia de orden natural (sequía) relacionada con el nivel de las cuencas hidrográficas y que inciden el nivel de los embalses determinando una disminución importante en la generación.
En el decreto de 2013, se establece que los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional tendrán a su cargo el resguardo inmediato del sistema eléctrico, tomando las medidas de seguridad correspondientes con la finalidad de evitar acciones vandálicas o atentados en contra de las instalaciones eléctricas, sin tomar en consideración la relación oferta demanda de energía eléctrica, ni los cuellos de botella en la transmisión de la misma.
El nuevo decreto nos permite estimar que el gobierno tiene la convicción de que la crisis eléctrica nacional en su dimensión actual, que ya abarca mas de 4 años con base al momento de su reconocimiento oficial, estaría originada por una serie de factores que juegan a la desestabilización política, económica y social de Venezuela, y que se ha manifestado a través de una serie de planes de saboteo y atentados a las instalaciones del sector.
La solución a la crisis del sector eléctrico nacional no la encontraremos en la militarización de sus instalaciones, ni atribuyéndola a actos de sabotaje con fines de desestabilización política. Es necesario que las autoridades tomen conciencias de que esta crisis se debe al retraso en inversiones y abandono del sector durante los 14 años de gobierno, lo cual implica generación insuficiente, restricciones de carga en las líneas de transmisión existentes, y una deficiencia de la infraestructura de distribución, que implica la pobre calidad del servicio prestado a la sociedad venezolana en el sector residencial.
EJECUTAR PRESUPUESTOS
La solución a estos problemas requiere simplemente llevar a cabo las inversiones que requiere el sector en todas sus fases para solucionar el problema presente lo cual implica un estimado de aproximadamente 45.000 millones de dólares en un período de 6 a 8 años; 30.000 millones en generación, 10.000 en materia de transmisión y 5.000 millones de dólares en materia de distribución en principio.
Sin pretender ser absolutamente preciso con estas cifras, lo importante es ejecutar los presupuestos una vez aprovisionados en los proyectos necesarios para un país hoy día, rico en energía, y pobre en el servicio eléctrico.
