EL NACIONAL
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Irregularidades administrativas por el orden de 24,7 millardos de dólares en contrataciones para generación y transmisión de electricidad determinó la comisión designada por la Asamblea Nacional para estudiar la crisis eléctrica en el país. En su informe final, aprobado en plenaria el 15 de febrero, afirma que en los 42 proyectos ejecutados entre 2005 y 2015 el gobierno gastó 3 veces más que lo establecido en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, publicado en 2004. La mayoría se realizó en medio de la emergencia eléctrica decretada en 2010 y solo 4 de las 42 obras fueron adjudicadas a través de un proceso de licitación pública.
«En dicho plan se alertó sobre la necesidad de incorporar 1.000 megavatios efectivos de generación por año para evitar un déficit estructural en 2010. En total, el plan de desarrollo previó entre 2005 y 2010 la incorporación de 6.000 nuevos megavatios que no fueron instalados, por lo que el déficit de generación se hizo permanente, justamente a partir de 2010, tal como había sido advertido oportunamente por los planificadores del sistema eléctrico», señala el informe de la comisión que investigó lo relacionado con la crisis eléctrica.
En los 42 proyectos, el Estado venezolano gastó 39,4 millardos de dólares, aunque las previsiones fijadas indicaban que la inversión no debía superar los 14,7 millardos de dólares. «Se concluye que no está debidamente justificado el por qué el gobierno gastó tres veces más de lo que aconsejaban los estudios de planificación».
La comisión advierte que existe un daño patrimonial a la nación porque la mayoría de los sistemas instalados no han funcionado adecuadamente. Refiere que a partir de 2010 los responsables de la empresa eléctrica y de Pdvsa
adjudicaron a la carrera proyectos de generación sin respetar lo previamente establecido. «La mayoría de los sistemas instalados no han funcionado adecuadamente, lo que se ha traducido en un déficit de capacidad de generación y necesidad de aplicar racionamiento eléctrico permanentemente».De la compra de 14.000 megavatios en plantas térmicas de generación de electricidad en este período, solo se encuentran operativamente disponibles 4.000 MW.
En el informe la comisión detalla que en los últimos 17 años el sistema eléctrico ha sufrido tres momentos críticos: 2003, 2010 y 2016. «El común denominador de las tres crisis es que ha existido un déficit de oferta de generación de muy larga duración hasta seis meses con graves consecuencias para la sociedad venezolana. Las tres situaciones coinciden con veranos prolongados y condiciones hidrológicas adversas».
A juicio de la comisión, el principal rasgo de la crisis eléctrica venezolana «es que se ha dejado deteriorar gran parte de la capacidad de generación de electricidad y de transporte de energía del sistema eléctrico para atender la demanda de la población». Alerta que la crisis es estructural. «Al no existir suficiente complemento de generación termoeléctrica, el operador del sistema se ha visto obligado a sobreexplotar el embalse de Guri más allá de su capacidad firme haciendo que la oferta de generación quede muy disminuida en las épocas de sequía».
El deterioro del sistema de transmisión se evidencia en la ocurrencia de apagones de gran magnitud y en los tiempos de reposición luego de la avería. «Los tiempos de reposición del servicio eléctrico se han incrementado
sustancialmente. En 1998 el tiempo de reposición después de una falla pasó de una media de 60 minutos hasta 16 horas en 2012».
Investigación a fondo.
Cinco de los proyectos ejecutados entre 2005 y 2015 superan el millardo de dólares de diferencia entre lo previsto y el costo real: la central hidroeléctrica de Tocoma, la Misión Revolución Energética, la termoeléctrica Bachaquero y Tamare, la planta Juan Manuel Valdez, en Güiria, y la planta Antonio José de Sucre, en Cumaná.
En Tocoma se debieron instalar 10 turbinas Kaplan de 216 megavatios para totalizar 2.160 que debían producir 12.100 GW al año. Las obras civiles estuvieron a cargo del Consorcio OIV (Odebrecht, Impregilo y Vinccler) y las electromecánicas las ejecutó Impsa.
La construcción comenzó en 2002 y se anunció que concluiría en 2011. Según el cronograma actual se espera que la terminen en 2019. Las obras civiles presentan un avance de 98% y las electromecánicas 76%.
Su costo referencial, según el plan de desarrollo, era de 2,91 millardos de dólares, pero en la realidad se han gastado 8,64 millardos, para un diferencial de 5,72 millardos de dólares. El costo del KW instalado es de 2.775 dólares, muy superior a los 1.350 dólares por KW, que era lo previsto.
Para la Misión Revolución Energética se calcularon 805,6 millones de dólares, pero se invirtieron 4,4 millardos: una diferencia de 3,59 millardos de dólares. Este plan se ejecutó con la Unión Eléctrica de Cuba, mediante el Convenio Cuba-Venezuela. Se contemplaron consultorías, formación, sustitución de bombillos e instalación de generación distribuida.
«En el proyecto se instalaron 1.007 MW en generación distribuida cuya disponibilidad a 2016 no pasan de 23%. Se presupone una posible sobreinversión que debe ser explicada», especifica el informe de la comisión.
La termoeléctrica Bachaquero y Tamare tuvo un costo referencial de 460 millones de dólares. El costo real está por los 1,69 millardos de dólares, lo que implica una diferencia de 1,23 millardos. El proyecto fue financiado con recursos del Fonden y del Fondo Chino. La planta de Bachaquero está aún en construcción. La de Tamare fue abandonada. La contratista encargada fue Ferrostaal Ind. Projects GmbH.
Los otros dos proyectos facturados muy por encima de lo previsto son la planta Juan Manuel Valdez, en Güiria, una central termoeléctrica en ciclo combinado de 900 MW, y la planta Antonio José de Sucre, en Cumaná, termoeléctrica de ciclo combinado de 1.000 megavatios. El costo real de la primera es de 2,12 millardos de dólares, mientras que la planta de Cumaná se ubica en 1,33 millardos de dólares.
Motta Domínguez, censurado
La Asamblea Nacional aprobó el jueves pasado un voto de censura contra Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, «debido a su responsabilidad en la crisis eléctrica ocurrida durante 2016 y el deplorable estado del sistema eléctrico nacional, así como el incumplimiento de sus funciones como planificador, fiscalizador y regulador del sector eléctrico en concordancia con lo establecido en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional para el lapso 2014-2016».
Jorge Millán, presidente de la comisión que estudió la crisis eléctrica, señaló que Motta Domínguez no es solo responsable de la corrupción, sino también de la falta de respuesta ante los continuos apagones que afectan el sistema de distribución. Lamentó que el ministro nunca diese la cara.
Millán afirmó que el gobierno está más interesado en llenar sus bolsillos que resolver los problemas de los venezolanos. «En cualquier país del mundo un gobierno que trabajara por los intereses de la gente no hubiese permitido que este ministro siguiera en su puesto».
Detalló que el informe que presentó la comisión refleja un poco de todo: ineficiencia, corrupción, mala planificación y falta de mantenimiento. «El problema no es de una supuesta guerra económica ni de un sabotaje, sino de una mala administración de un régimen ineficiente». Dejó claro que desde los organismos fiscalizadores del Estado no se ha adelantado ninguna investigación. «Nosotros desde la Asamblea Nacional hemos cumplido, ahora tienen que hacer lo propio el resto de los organismos, como la Fiscalía y la Contraloría General de la República».
Si se hubiese utilizado correctamente el dinero destinado al sistema eléctrico no se habría presentado la crisis que azotó al país en 2016. «El Guri se secó porque fue sobreexplotado».
La investigación parlamentaria
El 18 de febrero de 2016 la Asamblea Nacional designó una comisión para atender todo lo relacionado con el trabajo parlamentario sobre la crisis eléctrica. Uno de los objetivos prioritarios fue realizar una investigación acerca de los recursos invertidos entre los años 2009 y 2015, en medio de la llamada emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez en 2010. Integraron la comisión: Jorge Millán, su presidente, Stalin González, Luis Carlos Padilla, Tobías Bolívar, Américo De Grazia, Ismael García, Julio Chávez, Elio Serrano, José Gregorio Noriega, Elías Matta y Asdrúbal Chávez.
La comisión también prepara «un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que presente un modelo de gestión que garantice un adecuado servicio eléctrico para los ciudadanos».
