EL PITAZO
El venezolano Thor Halvorssen, presidente de la fundación Human Rights, introdujo un segundo proceso en contra de los directivos de la compañía contratista por segunda vez en los últimos cinco años. La acción recae también sobre representantes de GPS Fusion
Este 10 de mayo, el presidente de la fundación Human Rights, Thor Halvorssen, venezolano radicado en EEUU, introdujo una demanda en contra de los directivos de las empresas Derwick Associates y GPS Fusion, firma dedicada a la asesoría comunicacional, en una corte de Nueva York, a quienes señala de ser responsables de una campaña de difamación en su contra, orquestada para contrarrestar los señalamientos de corrupción que ha realizado sobre la actuación de la contratista eléctrica en Venezuela.
En la demanda son presentados como propietarios de Derwick Associates los venezolanos Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López. Halvorssen afirma que tiene en su poder una grabación donde D’Agostino asegura ser accionista de Derwick.
El pasado 18 de mayo Francisco D’Agostino-Casado dijo a El Pitazo que sí había sido notificado de la demanda, pero aseguro que él no ha difamado directa ni indirectamente a Halvorssen. Hasta la fecha de publicación, Trebbau y Bentancourt no habían contestado la comunicación.
Por el lado de GPS Fusion, los demandados son Glenn R. Simpson y Peter Fristch, quienes de acuerdo con el documento fueron contactados por D’Agostino para iniciar la campaña en contra del presidente de Human Rights, luego de que divulgara las primeras acusaciones en contra de Derwick y sus directivos.
Según la versión de Halvorssen, GPS Fusion también organizó una campaña en contra de Alek Boyd, bloguero venezolano que vive en Londres. Por eso, no solo los acusa de difamación, sino de la violación de la Ley Rico, por la asociación de empresas internacionales supuestamente corruptas con una firma de EEUU en un esquema mafioso.
El demandante exige que los demandados cancelen por lo menos $15 millones más intereses. También solicita que se emita una orden judicial en contra de los demandados para evitar más violaciones de la Ley RICO.
Esta es la segunda demanda por difamación que intenta Halvorssen en contra de los directivos de Derwick. La primera fue introducida en una corte de Miami en 2014.
El negocio del sector eléctrico
En los argumentos expuestos en la demanda se señala a los empresarios venezolanos de haber levantado su capital prácticamente de la nada y aunque la empresa está dedicada al sector eléctrico, se indica que estos no tenían mayor conocimiento sobre la materia. Los socios fundadores de la empresa eran menores de 30 años, no contaban con mayor preparación académica y, según señala el documento de la demanda, el único punto a favor que tenían eran sus nexos y conexiones con el Gobierno de Venezuela.
Halvorssen expuso en la demanda que estas “conexiones” les permitieron a los recién estrenados empresarios obtener millones de dólares a lo largo de ocho años por medio de sobrecargos realizados al Gobierno de Venezuela para la construcción de plantas eléctricas.
El activista explicó que el sistema de corrupción mediante el cual Derwick Associates obtiene sus contratos tiene dos modalidades: la primera se basa en el pago de sobornos para la obtención de contratos de plantas eléctricas y la segunda, en un sobrecargo de hasta 400 % en los costos al Gobierno de Venezuela.
Cabello y Ramos Allup
En la demanda también salieron a relucir los nombres del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y el secretario general del partido Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup; este último figura además como cuñado de Francisco D’Agostino.
En los documentos y en la información que sustenta la demanda se asegura que un par de copias sobre el dosier elaborado como parte de la campaña de difamación emprendida contra Halvorssen fueron entregadas, una a Cabello y la otra a Ramos Allup.
“Tanto Cabello como Ramos Allup utilizaron el contenido del dosier para vituperar contra Halvorssen en la televisión nacional venezolana y otros medios del país”, detalla la demanda.
Hasta septiembre del año pasado la campaña de difamación contra Halvorssen continuaba como forma de evitar que este siguiera denunciando los hechos de corrupción que involucraban a la empresa venezolana y a funcionarios del Gobierno nacional.
En declaraciones ofrecidas a distintos medios de comunicación, Halvorssen denunció que en medio de toda esta red de corrupción, el Estado venezolano pagó dos mil millones de dólares a los llamados “bolichicos” por la compra de viejas plantas eléctricas en Estados Unidos, Rusia, Francia, China y hasta Tanzania y las vendieron al Estado venezolano con sobreprecio.
“Los bolichicos son un grupo de jóvenes sin experiencia alguna en el sector eléctrico que obtuvo 12 contratos de Pdvsa, Corpoelec y Sidor/CVG para enfrentar la crisis eléctrica del año 2010”, explicó. “Luego subcontrataron a ProEnergy, una empresa estadounidense que se encargaría de lo técnico, debido a la total falta de conocimiento del grupo Derwick acerca de la construcción y equipamiento de plantas eléctricas”, dijo en entrevista concedida al diario La Razón.
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