CORREO DEL CARONÍ
Hace una década la cantidad de suscriptores que no pagaban la electricidad era de 25 por ciento en el interior del país y de 2 por ciento en Caracas. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, admitió que seis millones de suscriptores no pagan actualmente el servicio.
El nuevo presidente de Corpoelec y ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, envió una nueva señal de corrección de políticas populistas pero inviables, al criticar el derroche de recursos que representan 6 millones de suscriptores que no pagan la cuenta de la luz, dando un vuelco a la indiferencia gubernamental que, entre otras desviaciones, ha permitido el crecimiento anárquico de las ocupaciones ilegales.
Instalar los seis millones de medidores representa un 10 por ciento del costo de construir una termoeléctrica con capacidad de 450 megavatios, valorada en 2 mil millones de dólares, apuntó Chacón el viernes en su visita a Ciudad Guayana a raíz del programa de Gobierno de calle.
El crecimiento de las ocupaciones irregulares en el municipio Caroní nunca ha ocurrido a un ritmo más rápido que en los últimos 15 años. Un estudio de 2010 preparado por la Comisión Municipal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura reveló que en promedio 90 por ciento de las invasiones en siete parroquias de Ciudad Guayana comenzaron a partir del año 2000.
Las familias asentadas en invasiones ascendieron a 24 mil 257 familias en 2010, distribuidas en 175 ocupaciones irregulares. Presentándose carencias de los servicios de agua y electricidad en 75 por ciento y 83 por ciento de las ocupaciones censadas en Unare y Chirica, las dos parroquias que agrupan a 65 por ciento de las familias viviendo en invasiones.
Desinterés en cobrar
Iñaki Rousse, exdirectivo de La Electricidad de Caracas y de la Electricidad de Valencia, antes de su nacionalización, explicó que puede seguirse la estrategia de instalar medidores por familia o por grupos de viviendas. Si las familias no pueden asumir el pago, ha habido experiencias de convenios en los que la municipalidad o algún otro organismo público se comprometían a pagar la factura eléctrica a la empresa.
“Todas las barriadas de Caracas, hasta el año 2000, el 98 por ciento de esas viviendas tenían medidor. Se les medía todos los meses y además eran excelentes pagadores, porque el recibo de electricidad lo usaban para conseguir algún préstamo para comprar bienes. El hecho de que ese cliente le entregara al comercio el recibo de la luz era como una constancia de buen pagador”, afirmó Rousse.
Datos de fuentes oficiales indican que 40 por ciento de los suscriptores en el interior del país no cancelan nada por servicio eléctrico, cuando antes de la centralización del sector eléctrico este indicador rondaba el 25 por ciento. En Caracas el porcentaje de factura eléctrica creció al 15 por ciento, por encima del 2 por ciento de evasión en los tiempos de La Electricidad de Caracas.
“Ha habido un descuido total de la parte comercial. Lo que pasa no es que el cliente no paga, lo que pasa es que las compañías no cobran, que es muy diferente. Si una persona que tiene restricción económica, piensa que ‘hasta que no me llegue la factura no pago”, dijo Rousse.
Tarifa social
Empezar a cobrar la factura eléctrica generará una carga económica más al bolsillo de familias en sectores populares. En localidades como San Félix el 66 por ciento de la población percibió menos ingresos que el costo de la cesta alimentaria, aunado al 30 por ciento que ganó un poco más pero aún se queda por debajo de la canasta alimentaria, el porcentaje de empobrecimiento con respecto al poder adquisitivo abarcó al 96 por ciento de sus habitantes, según datos del estudio de Pobreza y Desempleo de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana.
La urbanista María Nuria de Cesaris evaluó positivamente el reconocimiento público de Chacón de las pérdidas que provocan las conexiones ilegales. Pero cree que para optimizar la calidad de los servicios públicos en las ocupaciones irregulares debe estar concertado en un programa integral de reordenación urbana.
“Sí me parece justo el pago pero también hay que tener en cuenta que los niveles de pobreza están creciendo por el alto costo de la vida. El Estado debe tener mecanismos para identificar la capacidad de pago y aplicar subsidios, no generalizados, sino por familia”, dijo De Cesaris, integrante del equipo de especialistas que diseñó el Plan de Desarrollo Urbano Local.
Por ejemplo, en Colombia se usa una encuesta socioeconómica para determinar lo que se les cobra a las familias más pobres.
Rousse resaltó que en Venezuela siempre se ha subsidiado la electricidad para las familias con menor consumo eléctrico. Algo que se presta a distorsiones, por ejemplo, que el propietario de una propiedad vacacional tenga una factura más baja que lo que paga una familia numerosa de un sector popular, simplemente porque la casa de uso recreativo pasa menos tiempo ocupada y residen en ella menos personas.
Excluidos del servicio
- En 2010, un censo de ocupaciones irregulares realizado por funcionarios municipales registró 175 ocupaciones irregulares. De las siete parroquias estudiadas, fue Vista al Sol donde hubo mayor cantidad de asentamientos no planificados que no tenían ningún servicio público, con 88 por ciento, le siguió Chirica con 84 por ciento y Unare con 75 por ciento.
- De ese grupo unas 30 ocupaciones han podido costearse la conexión a los servicios básicos en los últimos tres años desde que fue realizado el censo, puntualizó la concejala Erika Vilera, presidenta de la Comisión de Urbanismo, Infraestructura y Vivienda del Concejo Municipal de Caroní.
