CORREO DEL CARONÍ
PÚBLICO & CONFIDENCIAL/Damián Prat C.
Así será de injusta la campaña que tiene el gobierno contra los trabajadores del sector eléctrico que hasta los sindicalistas progobierno de la ex Edelca y la ex Cadafe en Guayana y otras regiones han tenido que reaccionar indignados, rechazando ese intento de persecución y criminalización. E incluso denunciar que sí es verdad que hay racionamiento programado (por eso han aumentado los apagones) y que todo el problema es por la desinversión en el sector.
Lo que hace el ministro Navarro y otros funcionarios de la jerarquía roja, al hablar de “saboteo”, es tratar de tapar las culpas de su gobierno en la crisis del sistema eléctrico con todo y el nuevo racionamiento. Tratar de ocultar que la causa súper demostrada de todo ese desastre son los largos 11 años de abandono de las inversiones tanto en las plantas de generación termoeléctrica que deben complementar al sistema hidroeléctrico del Caroní, como en el mantenimiento de lo que heredaron de anteriores gobiernos, como en las nuevas líneas de transmisión, además de las instalaciones y equipos de distribución en ciudades y pueblos.
¡El gobierno ha sido y es el saboteador del sistema eléctrico! Por desidia e indolencia. Son los saboteadores contra el derecho del pueblo a disponer de energía eléctrica confiable y eficiente.
Para tapar sus culpas, a los jerarcas rojos no les importa sembrar temor en miles de familias de trabajadores, desatar una persecución hasta policial y amenazar con despidos. Sólo están angustiados por no perder el poder, prebendas, negocios y privilegios. Para tratar de frenar el cambio no les importa llegar hasta el extremo de esa campaña de típico corte fascista. Sé que la palabra es dura, pero no es exagerada. Crear histeria, desatar persecución y terror para lograr sus fines políticos es propio de los procedimientos fascistas. Triste y lamentable que lleguen a eso.
Por lo demás, es ridícula esa campaña sobre “saboteo” cuando tienen Guri, Planta Centro y otras instalaciones principales repletas de cubanos, tanto en rol de trabajadores como de espías. Además las tienen militarizadas y con sus “milicias”. El ministro Navarro y su grupito de jerarcas lo que tienen que hacer es trabajar, tratar de reducir al mínimo las fallas actuales y garantizar que el 7-O no fallará el sistema eléctrico. El país ya sabe que este gobierno no tiene ni voluntad política ni capacidad para construir soluciones. Eso le quedará como tarea al nuevo gobierno en conjunto con los trabajadores y expertos. Ya hay mucha gente trabajando en adelantar los programas que se harán.
Tip 1: Cada vez más feo el pleito interno del PSUV en Sidor, así como en Venalum y otras empresas. Cada semana aparece una acusación por supuestos hechos de corrupción e irregularidades involucrando a unos y otros. Las más reciente es por un supuesto embarque de pellas para ser exportado. Los denunciantes de un sector del PSUV vinculado al mismo grupo pero de Ferrominera señalan que esas pellas, fabricadas con mineral entregado por FMO a precios subsidiados, Sidor lo vendería a precios del mercado internacional. Desde Sidor, un boletín de la empresa defiende a su administración, asegurando que no son pellas sino HRD.
TIP 2: Los denunciantes habían sido acusados, a su vez, por una supuesta irregularidad anterior incluyendo denuncia en Fiscalía. Cada vez más trabajadores aducen que detrás de todas esas acusaciones lo que hay es una lucha por controlar la dirección de las empresas y los negocios, pero que ninguno de los grupos está pensando en las medidas para rescatar a Sidor de la ruina total en que la ha sumido el gobierno.
Tip 3: En Venalum se rumoreó el despido de varios altos gerentes por las nuevas autoridades, lo cual sería motivo de un aumento de conflictos de dirigentes sindicales del grupo desplazado del control de Venalum. Por ello los reclamos y manifestaciones del grupo FBT-CBT contra el ministro de Industrias por sus declaraciones en las que niega discutir los contratos colectivos “porque las empresas dan pérdidas”.
Tip 4: Tienen razón los dirigentes sindicales democráticos e independientes cuando recordaron que “cuando ese ministro habla, lo está haciendo el presidente Chávez”. Es inocultablemente cierto. Hay dos cartas del alto gobierno prohibiendo discutir contratos colectivos en las empresas del Estado y entes públicos. Una firmada por Jaua “siguiendo instrucciones del comandante-presidente” y otra firmada por la ministra Iglesias. De modo que Menéndez es tan malo, violador de la Ley y anti-obrero como lo son Jaua, Iglesias y Chávez, aunque esto último lo traten de esconder, quizás por miedo o por intereses, el sector laboral chavista que ahora reclama contratos tras años de silencio.
