El Pitazo
Por: Jesús María Olivares
Ante el anuncio del Gobierno de transferir a gobernaciones oficialistas la actividad de distribución de electricidad, merece algunas reflexiones. En el año 2008, ante la creación de Corpoelec, nos solicitaron hacer un estudio sobre las regiones de distribución, y una propuesta de estructura organizativa. Para el mismo se formó un equipo integrado por especialistas, con amplia experiencia en el sector, y con la intención de evaluar, fundamentalmente, cuatro aspectos para realizar una propuesta de regiones. Es importante destacar que se evaluaron más aspectos, sin embargo, los siguientes cuatro fueron los principales:
- Topologías de las redes de Distribución existentes.
- Procesos de comerciales y atención al cliente. (Cantidad de usuarios, infraestructura de atención, etc.)
- Geografía y topografía de las áreas en estudio. (Accesos, carreteras, tipos de terrenos, etc.)
- Autosostenibilidad económica y financiera de las regiones a proponer.
El aspecto de autosostenibilidad económica y financiera en esta oportunidad era fundamental, ya que era el que garantizaba los recursos necesarios para una operación y servicio eficiente en la región. La propuesta arrojaba la división del país en 9 regiones de distribución de electricidad, para tener la posibilidad de un servicio eficiente y con ingresos económicos que permitieran cubrir los costos e inversiones necesarias para la región. El reto era pensar en estados cuando en realidad la mayoría por sus características eran económicamente deprimidos y dependientes de los presupuestos del gobierno central, en consecuencia, sin independencia en la prestación de un servicio fundamental para el desarrollo de la región.
Al final, como en muchas otras oportunidades, este estudio no fue tomado en cuenta, y se procedió a crear 24 regiones en el país, con una estructura organizativa ineficiente, sin entrar en consideración de la burocracia y excesiva ampliación que merece el tema. ¿Los resultados? Son evidentes, ante la ausencia de calidad de servicio y el estado de abandono y obsolescencia de las redes eléctricas, donde —por supuesto—, ninguna de las 24 regiones es económicamente sostenible, ya que en algunos casos sus ingresos no cubren ni el 20% de los costos de funcionamiento.
Para privatizar esta actividad, otorgando concesiones por región, deben darse las condiciones propias. La actividad de distribución es una actividad regulada, con tarifas basadas en un modelo de costo beneficio, para una operación eficiente y con un margen de utilidad regulado. Para lograr participación privada en el sector, lo primero se requiere es seguridad jurídica a través de un marco regulatorio acorde y que garantice un servicio eléctrico de calidad, a costos razonables y con retornos de la inversión atractivos al sector privado y que proteja la inversión del participante.
La tarifa eléctrica que remunere de una manera razonable la actividad, para garantizar operación eficiente y las inversiones necesarias para esta tener un servicio confiable. Todos conocemos, con la situación económica actual del país, la imposibilidad de un ajuste de precios razonable que permite este tema, con una red totalmente obsoleta, sin inversiones en los últimos 20 años, con niveles de perdidas eléctricas que superan el 50% (valor estimado, ya que no existen números oficiales), y con una cobranza que no supera el 15% de lo facturado mensualmente, hace pensar en que cualquier propuesta de privatización del servicio de distribución es poco viable, ya que ningún actor privado solvente va a tener interés en participar en el mismo.
Creemos firmemente en la importancia de la participación privada en la recuperación del sector eléctrico, pero estos anuncios —con una visión parcial del problema—, y sin medidas que en verdad atiendan la causa raíz del problema, no se contribuye a tener el servicio eléctrico que requiere Venezuela. Hablar de la recuperación de la infraestructura “existente” es en general una falacia, sobre todo en las áreas de transmisión y distribución. En nuestra opinión, hace falta la construcción de un nuevo sistema, con tecnologías de punta, manteniendo operativo el actual hasta que se finalicen las nuevas redes.
El país sigue exigiendo servicios públicos que apoyen una recuperación, pero sin un cambio importante en los mandos de estos procesos se ve poco probable. No sería de extrañar, ver entrar al juego agentes económicos Chinos o Rusos…
