EL UNIVERSAL
Señalan que el Gobierno debe explicar el uso de los dineros
MARIELA LEÓN
En una cuenta regresiva por dar a conocer el nuevo esquema de tarifas eléctricas, analistas del sector consideran que estos ajustes deben estar precedidos por una «rendición de cuentas» por parte del Gobierno, sobre el manejo de los recursos y la gestión operativa, administrativa y financiera de esa actividad.
Miguel Lara, Nelson Hernández y José Aguilar, pertenecientes al Grupo Ricardo Zuloaga, advierten que «si bien los aumentos de las tarifas eléctricas son necesarios para obtener ingresos que permitan cubrir costos operativos y nuevas inversiones, deben estar en consonancia con una gestión transparente y un uso eficiente de los mismos».
Señalan que «la interminable emergencia eléctrica ha servido para asignar sumas mil millonarias de dólares a compras adjudicadas de forma directa, con sobrecostos injustificables, que han derivado en equipos inconvenientes para el sistema eléctrico y que no han resuelto la crisis».
En la Historia de la industria eléctrica en Venezuela 1950 a 1998, escrito por Rodolfo Tellería, se indica que la inversión total pública y privada acumulada de 1950 a 1998, indexada a valores de 1998, alcanzó un monto de 48.254 millones dólares, la cual permitió construir un sistema eléctrico robusto y con tecnología de vanguardia a nivel mundial, indican los especialistas.
«Desde 1999 a 2013, los dineros públicos destinados al sector alcanzan un monto acumulado, indexado a 1998, que supera los $94.000 millones, suficientes para haber construido dos sistemas eléctricos de dimensiones similares al que existía para 1998», sostienen en un documento.
Y advierten que «el acumulado en dólares corrientes, desde 1999 a 2013, es de unos $120.000 millones y dentro de dicho monto, bajo decretos de Emergencia Eléctrica, las asignaciones, solamente desde el 2010 al 2013, suman unos $74.000 millones. Los resultados no se corresponden con los recursos entregados, hoy tenemos un sistema eléctrico deficitario y precario».
Además, apuntan, la energía eléctrica que se deja de cobrar representa más del 40% del consumo total (130.000 GWh) y excede toda la energía térmica del país.
Argumentan que la sociedad «debe cuestionar cualquier ajuste tarifario hasta tanto el Gobierno reduzca el uso ilegal del servicio» (pérdidas técnicas y no técnicas), aumente la facturación y la cobranza, «disminuya la morosidad de los entes oficiales con Corpoelec, elimine la asesoría extranjera innecesaria y no calificada, la cubana cuesta 1.100 millones de dólares».
También creen necesario «reajustar la nómina de Corpoelec, según las autoridades está repleto de inequidades y beneficia al 10% del total».
