Ingº Gustavo González U.
No queda duda de que el proceso de privatización del sector eléctrico chileno es uno de los que más valor agrega al caso venezolano en la etapa de formulación y definición de este. Sus resultados señalan los puntos particulares que incidieron favorablemente en el éxito del caso chileno y que debemos tener presente desde el inicio en nuestro caso.
Es interesante hacer notar que, en Chile, las empresas sufrieron un proceso de reducción de costos (vía despidos de trabajadores y racionalización administrativa) y transformación del régimen tarifario, antes de que se iniciara el proceso de privatización, lo que permitió generar utilidades y lograr su autofinanciamiento. Junto con ello se procedió a la desconcentración, descentralización y regionalización de las dos empresas estatales existentes: Endesa y Chilectra, convirtiendo su gestión en un sistema de empresas filiales y subsidiarias cuya coordinación estaba en un holding central.
Es una opción que debe considerarse en Venezuela, sin la necesidad del holding central. bajo la siguiente variante: para rehabilitar la generación se contratan, bajo las formas BOT/BOO, un número reducido de Productores Independientes (IPP por sus siglas en ingles) de reconocida experiencia, solvencia y ética en esa área y, para la distribución, se asignan un número reducido de Regiones de Distribución (RD) bajo la modalidad inicial de contratación OAM (Operación, administración y mantenimiento) y un sistema de precios que retribuya la inversión que se requiera para rehabilitarlas. En ambos casos es preciso realizar estudios previos que orienten sobre el numero optimo regional de asignatarios a recibir ambas actividades: generación y distribución y las formas de otorgarlas. La transmisión permanece como un monopolio deseable que, en sus inicios, es preferible que absorba el personal actual de acreditada experiencia y, la comercialización, debe permanecer bajo el control de las distribuidoras hasta que el sector adquiera la madurez para drenar el concepto e incorporar la comercialización independiente.
El sector eléctrico se comenzó a privatizar, a comienzos de los 80, pero no es hasta 1989 que dicho proceso se completa, con la venta total por parte de CORFO, de su participación en ENDESA. Con anterioridad, el Estado poseía el 90% de la generación, el 100% de la transmisión y el 80% de la distribución de la electricidad. Prácticamente un monopolio estatal multiempresas Las reformas al régimen de propiedad, al funcionamiento de los mercados, al marco regulatorio, y al régimen tarifario, se inician en 1980, estando todos a cargo de la Comisión Nacional de Energía, la que pasó a tener el rol predominante en el sector. Dada la ausencia total de institucionalidad en Venezuela y el impacto que tendrá a futuro el éxito de la privatización del sector energía debe considerarse, para cada uno de los subsectores, hidrocarburos y electricidad, una Comisión de Privatización liderizada por quienes sean designados por el gobierno de transición para dirigir cada uno de ambos subsectores
El principal aporte chileno es que su proceso de privatización y la legislación adoptada contribuyeron una fuerte dinámica de inversión y crecimiento en el sector eléctrico y que las perspectivas para los sucesivos años señalaban que la inversión a ser realizada sería aún mayor, llegando a una cifra promedio anual entre 1997 y el 2000, de 800 millones de dólares, lo que permitiría satisfacer un crecimiento en la demanda de energía eléctrica estimada por la Comisión Nacional de Energía en 8.5% anual. Lamentablemente la legislación actual en Venezuela aún está por definirse, poca es la experiencia aprovechable de las leyes conque apenas ha sobrevivido el Sector Electrico Nacional (SEN) y una demanda en el 2023 equivalente a la de 1993.
Además, el proceso chileno de internacionalización del capital, a través de la participación de las empresas en los procesos de privatización a nivel regional, no representó un obstáculo a la inversión futura en Chile como aparentemente sucedió en Argentina. Los factores que incidieron en la favorable evolución en Chile se relacionaban con el contexto macroeconómico y político en que se desenvolvía la economía, la mantención de una regulación estable en el tiempo, que asegurò una alta rentabilidad a las empresas de generación y distribución y el desarrollo de una capacidad gerencial de larga data. Esa, evidentemente no es la situacion actual de Venezuela. Pero, ni parecido, todo lo contrario. La situación actual de Venezuela es similar al de Argentina en su época de privatizaciones. Un desorden administrativo y un caos institucional.
Adicionalmente, otra diferencia básica con Venezuela es que en el caso chileno, el sector público jugó un papel fundamental: tuvo una activa participación en el acondicionamiento de las empresas para su traspaso al sector privado, en la formación de un equipo técnico que consolidó la administración de las empresas, manteniendo su continuidad después del traspaso al sector privado, así como en la creación de estímulos a la inversión durante el proceso mismo de privatización: entregando recursos al asumir la deuda de las empresas y mediante subsidios a la venta de las mismas. Por eso debemos definir cuál es el momento adecuado para transferir la propiedad al sector privado pues en las condiciones actuales su valor es muy bajo. Por eso la sugerencia de que primero debe mejorarse la calidad del producto y minimizar/eliminar el racionamiento actual antes del traspaso de la propiedad.
Para poder evaluar los beneficios futuros del proceso de privatización del SEN debemos responder a una batería de interrogantes que deben hacerse quienes les toque dirigir y coordinarlo:
- ¿En qué medida el proceso de privatización brindará incentivos a la inversión en el sector?
- ¿Cómo se cree que responderán los empresarios a una nueva regulación? ¿Qué esperan de ella?
- ¿Qué estímulos tienen los empresarios en la actualidad para invertir en el sector eléctrico venezolano?
- ¿En qué medida el proceso de internacionalización podría representar un obstáculo a la inversión en Venezuela?
- ¿Cómo se equilibra la ecuación de ganancia y riesgo en el sector?
Estas y muchas otras dudas se derivan de que la actual Ley Eléctrica del 2019, en discusión, no es mapa de ruta, no desanuda la crisis actual de las empresas principales del sector energía (PDVSA y Corpoelec) y es imperativo incorporar la energía eléctrica como prioridad en la politica energética del pais y, en particular, el desarrollo de la industria del gas.
Es pertinente tener presente en la estructuración del proceso de privatización en Chile, que los mercados que conforman el sector eléctrico chileno, aún después del proceso de privatización, se han mantenido muy concentrados, solo cuatro empresas permiten abarcar el 80% de la generación de energía del sistema interconectado central, el más importante del país y el 60% de la distribución. El principal resultado del proceso de reforma chileno es que el proceso fue todo un éxito si se considera como criterio la ampliación de la capacidad productiva del sector a lo largo de los diez años siguientes a su realización.
La privatización de un bien público no representa en sí un aporte a la formación de capital, sino de un traspaso de propiedad. Sin embargo, la modalidad que adopta el proceso tiene mucho que ver con la respuesta posterior de los agentes ante el proceso de inversión. Existen modalidades que la inducen directamente, ya sea a través del tipo de negociación impuesto, pensemos por ejemplo en Perú, donde el traspaso de propiedad ha estado condicionado al desembolso de montos de inversión preacordados, o bien el caso de Bolivia, donde el mecanismo adoptó la forma de capitalización de las empresas públicas, con traspaso de la administración. Una variante similar al caso de Perú se aplicó en la privatización de Seneca (Nueva Esparta) en Venezuela. Único caso de privatización en Venezuela que también, en forma integral, fue exitoso. Sin embargo, existen también otros mecanismos, distintos a los anteriores, pero relacionados con los incentivos que se establecen en el proceso, que han inducido respuestas favorables a la inversión, siendo éste el caso de los sectores eléctricos y de telecomunicaciones en Chile. El mecanismo de los incentivos luce apropiado para Venezuela.
