EL NACIONAL
La firma espera que el Gobierno continúe subsidiando el combustible a la empresa. Fitch advierte que pérdidas técnicas y no técnicas del servicio es elevado: llegan a 37,3%
Funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica han señalado en reiteradas oportunidades que Venezuela figura como la nación de América Latina con el mayor consumo energético por habitante: 3.900 kilovatios/hora. Sin embargo, un estudio de la agencia calificadora de riesgos Fitch sobre el sector eléctrico en la región y presentado a principios del mes pasado, coloca al país por debajo de Chile, casi igual que Argentina con casi 3.000 kilovatios/ hora per cápita y por encima del índice de Brasil y México.
El informe, al referirse al caso venezolano, advierte sobre los riesgos que afrontan los desarrollos del sector eléctrico por la limitación y la dependencia financiera de la Corporación Eléctrica Nacional, debido a que no genera recursos propios y porque el marco legal aprobado en 2007, que le dio al Estado el control por razones estratégicas, eliminó la posibilidad de que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la actividad.
«La falta de un acceso oportuno al financiamiento público es un obstáculo clave que incide en las operaciones de la compañía, sobre todo porque los ingresos que obtiene por sus tarifas no permiten recuperar los costos de la prestación del servicio. Esto a su vez determina resultados operacionales negativos», señala el informe de la calificadora. «La falta de alternativas de financiamiento y los retrasos en el desembolso de fondos públicos para satisfacer las necesidades presupuestarias han provocado una desaceleración significativa en la ejecución del programa de inversión de Corpoelec; el aplazamiento en la incorporación de más capacidad de generación termoeléctrica y la expansión de la transmisión, y la infraestructura de distribución», indica.
La firma agrega que hay déficit en la producción de gas natural para el plan de impulsar nuevas plantas térmicas.
Estos equipos dependen mayoritariamente de productos refinados del petróleo como el fuel oil o el diesel, que son provistos por Petróleos de Venezuela a precios que no cubren los costos de producción y que figura como una cuenta por pagar de la corporación eléctrica.
«Fitch espera que el Gobierno continúe suministrando transferencias de dinero y combustibles subsidiados a Corpoelec para la generación de electricidad y de esa manera compensar el impacto negativo en la obtención de ingresos y en los resultados operacionales de la compañía, por el congelamiento de las tarifas».
País sin calidad. El informe de Fitch sobre el sector eléctrico en América Latina se focalizó principalmente en revisar los casos de los países que registran un mediano y alto desarrollo industrial como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela. Dentro de este grupo, al único que le dedica un apartado exclusivo para referirse al pésimo suministro eléctrico fue al caso venezolano.
«La mala calidad en la distribución de electricidad obligó al Centro Nacional de Despacho a implantar horarios de interrupción del servicio en varios estados, incluidas suspensiones por encima de las 50 horas por año en Apure, Barinas, Anzoátegui y Delta Amacuro, mientras que en Bolívar, Falcón y Carabobo las fallas alcanzaron 35 horas al año», señala Fitch.
La firma advierte que el nivel de pérdidas técnicas y no técnicas del servicio es elevado: llega a 37,3% de la generación y no hay claridad sobre los planes que pretende llevar adelante Corpoelec para minimizar la situación, debido a la falta de recursos propios y la lentitud cómo se ejecuta el plan de inversiones.
En lo que se refiere al alcance del servicio, el informe añade que la electricidad llega a 25 millones de personas en todo el país, cifra que representaría cerca de 94% de la población el año pasado. Según el reporte, Corpoelec tiene registrados 5,7 millones de usuarios al 31 de diciembre de 2011, lo que representa un incremento de 0,88% frente a 2010. Esto refleja que hubo poco avance en la incorporación de clientes formales.
La calificadora menciona los planes presentados por el Ministerio de Energía Eléctrica para incrementar la generación eléctrica, con el fin de evitar que el pico de demanda iguale a la oferta como se registró el año pasado al alcanzar 17.157 megavatios, la instalación de medidores y de 30 nuevos circuitos de distribución.
La firma considera poco viable una revisión en las tarifas en el corto plazo porque el tema de eléctrico está asociado a la agenda social del Gobierno y responde a un criterio centralizado de planificación.