EL NACIONAL
La norma obliga al personal de la empresa y contratistas a informar actos que se consideren sabotaje
Los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, así como los que laboran para las contratistas al igual que sus propietarios, recibirán sanciones penales en caso de que nieguen u omitan información que atente contra la seguridad del sector.
El Reglamento Especial de Zonas de Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, aprobado mediante decreto presidencial N° 277 y publicado en la Gaceta Oficial N° 40220, establece como una obligación cualquier exigencia de información proveniente del Ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec o de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
«La FANB y los órganos de seguridad ciudadana aplicarán las medidas de seguridad necesarias con el fin de impedir daños, ataques, sabotaje o deterioro en la integridad de las instalaciones del sistema y servicio eléctrico nacional», dice el artículo 7 del reglamento.
«Los trabajadores y las demás personas que intervienen en la prestación del servicio, que divulguen o suministren datos o informaciones a cualquier particular, comprometiendo la seguridad del servicio eléctrico nacional, en perjuicio de la seguridad y defensa de la nación, serán sancionados civil, penal y administrativamente, según sea el caso», agrega.
El documento también indica la prohibición de los trabajadores de obstaculizar el ingreso a las instalaciones del sector, que básicamente se refiere a restringir toda acción de protesta laboral que como medida de presión pretenda impulsar algún líder sindical del sector e impedir la entrada a plantas o centros de distribución. «En caso de verificarse la obstaculización del acceso a las zonas de seguridad del sistema y servicio eléctrico, las autoridades correspondientes estarán obligadas a colaborar en la restitución inmediata del acceso», indica el reglamento.
Costos laborales. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, anunció en un programa de televisión que ya se contabilizó la deuda que tiene Corpoelec con sus trabajadores, la cual alcanza 10 millardos de bolívares, pero señaló que el Ejecutivo sólo tiene disponibilidad para cancelar una cantidad no mayor a 1,5 millardos de bolívares, lo que representa 15% de lo que se le debe a la fuerza laboral de la empresa.
El funcionario agregó que los pasivos incluyen pago de prestaciones sociales y los intereses generados, liquidación de personal jubilado o fallecido, incremento de las ayudas familiares, reembolsos por póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, asignación por caja de ahorros y plan vacacional.
No obstante, dijo que algunas de estas deudas no se podrán pagar en el corto plazo debido a las insuficiencias financieras que afronta Corpoelec.
Chacón advirtió que las exigencias expuestas por los trabajadores en el proyecto de convención colectiva son costosas si se toma en cuenta que Corpoelec no genera ingresos que cubran los gastos de nómina. «Tenemos que ir a un contrato colectivo que sea viable», puntualizó.
