Gobierno de Maduro estudia transferir a gobernaciones oficialistas distribución eléctrica

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La visión centralizada y estatista que impuso el fallecido presidente Hugo Chávez con la decisión de eliminar toda participación privada y descentralizada en el sector eléctrico aparece como próxima rectificación del gobierno de Nicolás Maduro a los medidas de estatización adoptadas por el fallecido mandatario.

“La distribución eléctrica de Venezuela debe regresar a los privados, que es distinta a la transmisión y a la generación porque sería más eficiente el manejo de ese sector”, declaró el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava. “La distribución no tiene la connotación estratégica que tiene la generación y transmisión; está segmentada en el territorio”, añadió el mandatario regional.

En el Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se estudia esa alternativa siguiendo el esquema de transferencia de competencias a gobernadores que se inició con el gas doméstico y siguió con algunas estaciones de servicio o gasolineras que son propiedad de PDVSA.

Los asesores de Lacava parten que los gobiernos regionales tengan un organismo que funja como regulador en coordinación con el Ministerio de Energía Eléctrica pero que se otorgue una concesión a una empresa privada para efectos de comercialización y distribución tal como se hizo con el servicio de peajes en la vialidad.

El nivel de generación en la actualidad –según indican en Corpoelec- está en algo por encima a los 12.000 megavatios, lo que revela que más de la mitad de la generación prácticamente no opera mientras que la demanda no supera los 11.500 megavatios, menos de dos tercios del consumo en 2012, último año de gobierno de Chávez.

En principio, cualquier transferencia de la distribución eléctrica sería solo para estados donde el gobernador es oficialista y desde el punto de vista legal se estudia si se modifica la actual Ley del Servicio Eléctrico de 2010 que consagró la estatización y centralización del sector con Corpoelec o se opta como alternativa por la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional.

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