CORREO DEL CARONÍ
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Dos imponentes obras, en las que ha participado la brasileña Odebrecht, reposan inconclusas en el estado Bolívar. La carga del consorcio brasileño, envuelto en la trama de corrupción conocida como Lava Jato, varía en cada obra, pero lo cierto es que el exhorto del presidente Nicolás Maduro a terminar todas las obras en el país incluye -en teoría- estas construcciones, una vital para el sistema eléctrico nacional y otra para la comunicación vial entre los estados Bolívar y Guárico.
“No es tecnología espacial. Si me dicen que es un cohete lo que hay que poner allí, es difícil (…), pero eso es cabilla, cemento y trabajo y eso lo sabemos hacer los venezolanos. Vamos a terminar todas las obras que tenía Odebrecht en el país, con trabajo nacional”, afirmó el presidente Nicolás Maduro durante su último programa dominical, tras meses de silencio en torno al caso, mientras casi todos los gobiernos de América Latina reaccionaban en procura de las investigaciones.
Venezuela es el segundo país de América Latina en el que la constructora pagó más sobornos a las autoridades, específicamente 98 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones de Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa.
Aunque Maduro hizo alusión al caso el domingo e, incluso, bromeó al señalar que Odebrecht “se autodisolvió como la MUD (Mesa de la Unidad Democrática)”, el mandatario no informó sobre las escasas investigaciones que emprendió la Fiscalía venezolana para esclarecer el pago de coimas en Venezuela.
El tercer puente sin fin
El tercer puente sobre el río Orinoco, una de las obras en las que participa Odebrecht en el estado Bolívar, es el puente más largo de Venezuela y una de las vías fluviales más importantes de América del Sur.
En esta área, Odebrecht tiene experiencia en Venezuela, pues participó en la construcción del segundo puente sobre el río Orinoco a pocos kilómetros de Ciudad Guayana, inaugurado en 2006, que quedó inconcluso, pues la vía férrea que se prometió entre los canales de tránsito vehicular no fue colocada.
La construcción del tercer puente inició en noviembre de 2006 en Caicara del Orinoco, en el municipio Cedeño, al suroeste del país y, una década después, registra un avance de 72%, de acuerdo con las estimaciones -hasta julio de 2016- aportadas por un coordinador de obra que trabajó en la edificación de la obra hasta ese mes.
El ingeniero, quien prefirió mantener su nombre en reserva, explicó que el déficit presupuestario ha afectado la construcción del puente que se esperaba estuviera listo a mediados de 2011. “A finales de 2015 terminamos con 2.500 trabajadores. Este año, la nómina no pasa de 110 personas. Hubo una crisis fuerte, no se está haciendo producción salvo de estructuras metálicas. Solo se están manteniendo las áreas. En los mejores tiempos, hubo contratación de 3.500 trabajadores”, detalló.
“Los que se han quedado, están esperando a ver qué pasa, porque así como en Tocoma el esquema es el mismo, la empresa casi no compra insumos y se han vendido activos. Internamente se maneja que la deuda del gobierno venezolano es de $ 500 millones”, añadió. “Todo fue un problema político” agrega.
El presidente de la Cámara de Comercio del municipio Cedeño, José Dauhare, asegura que la obra que esperaban fuera motor económico de la localidad al suroeste del estado Bolívar, no se ha paralizado pero se ha construido muy lentamente. “Con una inyección de recursos se puede avanzar, porque casi todas las pilas están listas, faltan los cabezales de la parte norte y la vía por donde transitarán los carros”, informó.
Las fallas en la producción de materiales de construcción hacen de la finalización de la obra un desafío de gran tamaño.
Tocoma en tercer plano
La brasileña participa también en la construcción de la central hidroeléctrica Manuel Piar, mejor conocida como Tocoma, como parte del Consorcio OIV, integrado por Odebrecht, la italiana Impregilo y la venezolana Vinccler. Suscribió un contrato con el Gobierno venezolano en 2007, tras una licitación internacional. Hace una década de ese acuerdo.
Se esperaba que la primera unidad generadora del proyecto Tocoma, integrado por 10 turbinas tipo Kaplan, que ha sido prometido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como parte de la solución a la inestabilidad eléctrica que atraviesa el país, estuviera en servicio a mediados de 2012. Cuatro años después permanece inconcluso, y con un abanico de historias de despidos y pasivos laborales.
El consorcio OIV, al cual pertenece Odebrecht, está encargado de las obras civiles que registran un avance superior al 95%, de acuerdo con el inspector de obra, José Luis Alvarado, quien trabajó en el desarrollo de la central hasta 2015. “En el área civil no era mucho lo pendiente porque restaba alrededor de un 5%, a diferencia de la obra electromecánica a cargo de la argentina Impsa en la que el avance no supera el 30%, pese a que el Gobierno insiste en que el avance es de 70%”, agregó.
Esta última compañía, la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa) desincorporó a 20 trabajadores en noviembre de 2016, alegando indisponibilidad financiera. “En los cinco años en la empresa es la primera vez que ocurre algo así, la obra está prácticamente parada”, afirmó el trabajador César Alayón en esa oportunidad.
En una reunión en mayo de 2016 de la comisión mixta de la Asamblea Nacional que estudia la crisis eléctrica en el país, el representante legal del consorcio OIV, Jorge Faroh, aseguró que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financió parte de la obra ha auditado el proyecto y ha reconocido el cumplimiento de la empresa brasileña.
“Hemos cumplido nuestras obligaciones; 98% de la obra está ejecutada; el que la obra no esté terminada en su totalidad depende de factores externos y de las otras contratistas”, dijo, según reportó la Asamblea Nacional.
El retraso ha elevado los costos de la obra. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que en el 2005 el costo total del proyecto era de $ 3.061 millones, calculados con precios base de diciembre de 2003. En 2016, la Asamblea Nacional estimaba que el costo superaba los $ 8 mil millones.
En este caso, el reto apunta a las obras electromecánicas a cargo de la argentina Impsa, cuya responsabilidad más allá del cemento y las cabillas, envuelve a los propios equipos de generación eléctrica del último desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní.
