Correo del Caroní
Familiares, allegados y sociedad civil protestaron en la sede Corpoelec en Puerto Ordaz para exigir sus liberaciones.
Jhoalys Siverio
Según Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de la dictadura, hay cinco detenidos y 19 órdenes de captura por saboteo eléctrico. Se trata de la excusa que han usado para justificar los continuos apagones en el país, de los que pretenden responsabilizar a trabajadores y exempleados de Corpoelec. Entre ellos están Geovanny Zambrano, actualmente preso en la sede del Sebin en Ciudad Guayana, y Otoniel Ramos, apresado el 18 de abril por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y trasladado el lunes a Caracas para su presentación.
Familiares, allegados, trabajadores y sociedad civil se concentraron la mañana de este martes en la sede de Corpoelec en Puerto Ordaz, para exigir justicia para Zambrano, Ramos y los demás perseguidos del régimen, incluso contra aquellos que dejaron de prestar sus servicios en la estatal desde mucho antes del actual colapso eléctrico.
“Es injusto lo que están haciendo con ellos. Día a día dieron el todo por Corpoelec, duele mucho que se le esté acusando de algo que no cometió, llegaron a su casa de forma violenta, con armamento, encauchados, los niños lloraban porque no entendían lo que estaba sucediendo (…) a su esposa no le permitían verlo, iba hasta cuatro y cinco veces. Es importante que entiendan que no es Otoniel nada más, cualquiera de nosotros puede estar en sus zapatos”, manifestó Lisbeth Rodríguez, amiga de Otoniel Ramos.
“Los niños lo que hacen es llorar y decir mi papá no hizo nada, ayer (lunes) la menor estuvo de cumpleaños y lo que hacía era llorar. ¿Hasta cuándo van a hacer daño? Queremos vivir en paz, que nuestras familias tengan libertad”, agregó.
En la manifestación también estuvieron parientes de Geovanny Zambrano, entre ellos su hermana Francis Zambrano.
“Es una situación que no se la deseamos a nadie. Mi hermano ama a la empresa donde trabaja y yo misma, que soy de jubilada de Corpoelec, como para que nos venga a pasar esto. No tiene el perfil para hacer un saboteo, ni ninguno de los trabajadores perseguidos”, afirmó.
Geovanny Zambrano fue imputado por asociación para delinquir, fuga de información y sospecha de sabotaje. Ya había recibido una jubilación adelantada como retaliación, luego de que a mediados de febrero estuviera junto con la dirigente Damaris Cervantes y el jubilado José Cedeño, ambos en el exilio, quienes denunciaron la falta de mantenimiento en las centrales hidroeléctricas y advirtieron el colapso del servicio.
Otoniel Ramos fue detenido el 18 de abril, luego de un allanamiento en su vivienda por funcionarios de la Dgcim. Tenía 18 años trabajando en la estatal como analista de sistemas en la Gerencia de Automatización, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones en la Central Hidroeléctrica de Macagua; pero por su inasistencia (por falta de transporte) fue suspendido desde hace año y medio, estatus que se mantenía.
“Otoniel dejó de asistir a Macagua por falta de transporte y porque no tenía recursos para costear el traslado. 500 trabajadores dejaron de asistir por eso y fueron suspendidos, entre ellos Otoniel, él se dedicaba a vender chucherías, para que ahora lleguen a decir que estaba saboteando el sistema eléctrico”, denunció Rodríguez.
Extrabajadores perseguidos
Así como Ramos tenía más de un año sin asistir a la estatal, incluso esperando la notificación de despido, hay otros cuatro nombres que aparecen en la misma orden de aprehensión, emitida el 17 de abril por la jueza de control 13° Yrani Villafañe del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Estas personas son extrabajadores y están fuera del país.
El coordinador adjunto de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG), Noel Hernández, mencionó el caso de Julio César Acuña Núñez, quien trabajó hasta abril de 2010 en la extinta Edelca, desempeñándose como ingeniero electrónico en el área de Despacho de Carga. Ya son nueve años que está fuera del país y aun así el régimen pretende culparlo por las fallas eléctricas.
Asimismo, está el caso de Ramón Oswaldo García García, quien está fuera del país desde hace año y medio aproximadamente, al igual que Miguelángel Freitas Loreto, quien se desempeñó como técnico 1A, adscrito a la Gerencia de Automatización, Tecnología, Información y Telecomunicaciones (ATIT) Región Guayana.
De acuerdo con una constancia emitida por Corpoelec el 1 de febrero de 2018, Freitas trabajó en la estatal eléctrica desde el 24 de agosto de 2005 hasta el 17 de julio de 2017.
La orden de aprehensión en la que también nombran a Jesús Rodríguez Landoni, indica la precalificación de los delitos de daños a las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional, interrupción al servicio eléctrico y asociación para delinquir.
Empleadas y jubiladas también han sido perseguidas, aunque en sus casos se llegó hasta una privación ilegítima de libertad (por las irregularidades del procedimiento), en el contexto de un proceso de investigación llevado a cabo por la Dgcim, para ser interrogadas.