Ing° Gustavo González U.
Quienes analizan el problema desde una perspectiva puramente técnica y financiera (El “Cómo” recuperar el sistema), suelen señalar que la participación privada es indispensable debido a la magnitud de la crisis: • Necesidad masiva de inversión: Informes de ingenieros y consultoras independientes estiman que la reconstrucción del SEN —desde la generación en el Bajo Caroní hasta las redes de distribución locales— requiere de decenas de miles de millones de dólares. El Estado venezolano actual no cuenta con ese flujo de caja ni con acceso fluido al crédito internacional masivo. • Eficiencia operativa y obsolescencia: Los defensores de la apertura técnica argumentan que el sector privado introduce incentivos de eficiencia, mantenimiento preventivo riguroso y actualización tecnológica que las empresas estatales centralizadas a menudo pierden debido a la burocracia. •Sinceracion de tarifas: Técnicamente, para que el sistema sea autosustentable, las tarifas deben cubrir los costos de operación y expansión. La gestión privada suele exigir este marco tarifario real para garantizar el retorno de inversión.
La viabilidad de cualquier propuesta técnica está estrictamente amarrada a las decisiones y al contexto político de Venezuela (El «Por qué» y las restricciones): • Soberanía y control estratégico: Desde la perspectiva oficialista y la legislación vigente, la electricidad se considera un servicio público estratégico de seguridad nacional. La doctrina política dominante sostiene que el control estatal garantiza que el acceso a la energía no dependa de la capacidad de pago de los ciudadanos. • El costo social de las tarifas: Con el poder adquisitivo actual de la población, un ajuste abrupto de tarifas bajo una gestión privada plantea un dilema de gobernabilidad y justicia social que los actores políticos miden con cautela. Se requiere un ajuste gradual hasta recuperar la calidad del servicio.• Seguridad jurídica e institucionalidad: Ningún inversionista arriesgará capital en grandes obras de infraestructura (como termoeléctricas o líneas de transmisión) sin un marco político institucional estable, reglas de juego claras, seguridad jurídica y el levantamiento de sanciones internacionales que faciliten el financiamiento.
El gradualismo tarifario es una hoja de ruta técnica ejecutable, pero no puede arrancar sin el capital inicial, y ese capital está completamente retenido por la falta de confianza institucional. Atraer decenas de miles de millones de dólares a un sector a largo plazo (20 o 30 años) requiere un quiebre en el modelo político actual por las razones ya dichas. En conclusión, el diseño de la transición económica y tarifaria se puede resolver con herramientas técnicas de ingeniería y finanzas públicas de manera progresiva. Con parches lo que hacen es prolongar la situacion actual y el racionamiento diario. Debido a que el interruptor que enciende ese proceso es de naturaleza estrictamente política. Sin un cambio estructural en las reglas de juego, el marco institucional, en la geopolítica del país y la apertura total a la privatización, los planes técnicos para recuperar totalmente el sector eléctrico seguirán proliferando y archivados en el papel. Lo que hay que hacer fue el tema de mi clase sobre privatización ante 55 alumnos el jueves 5 noviembre en el Segundo Diplomado para el sector eléctrico en el IESA. Estamos formando los gerentes para la recuperación de dicho sector.
