CORREO DEL CARONÍ
El avasallante ritmo de construcción de la gigante obra de la central hidroeléctrica Manuel Piar en Tocoma -que tendrá una capacidad instalada de 2.160 MW- ha descendido. Trabajadores tanto de las obras civiles como electromecánicas coinciden en que la falta de recursos aplaza aún más el proyecto que se construye desde hace 11 años y que completa el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní.
La demora de Tocoma, cuya primera unidad generadora debía estar en servicio a mediados de 2012, golpea aún más al colapsado sistema eléctrico nacional, pero también a los cientos de trabajadores del proyecto que tienen meses sin cobrar sus salarios.
Las dos grandes empresas que operan en Tocoma son la argentina Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa) a cargo de las obras electromecánicas y el grupo de capital brasilero, italiano y venezolano OIV (Odebrecht Venezuela, Impregilo y Vinccler), encargado de las obras civiles. Los inspectores del consorcio Uriapari son los facultados para verificar los trabajos desarrollados por estas dos grandes empresas y tienen cuatro meses sin percibir sus salarios.
A la fecha la mayor carga de trabajo la asume Impsa, cuyo contrato de obras eléctricas y mecánicas que incluye el montaje de las 10 turbinas tipo Kaplan, pruebas en obra y puesta en marcha, tiene un avance de 20% aproximadamente. Los trabajos de OIV tienen un 90% de avance y, en la actualidad, coinciden trabajadores de la obra, se realizan trabajos menores de concreto.
El déficit de recursos ha sido determinante en el desarrollo de las obras. La principal contrata de Impsa es HPC Venezuela, de capital japonés, que empezó a liquidar a 300 trabajadores desde hace tres semanas. Desconocen cuándo reanudarán las operaciones. “El proyecto está parado por falta de pago de Impsa, y están en proceso legal por eso”, aseguró una fuente de la contratista que prefirió no identificarse.
Una fuente de Impsa, no autorizada para declarar, indicó que hay “una pausa” desde hace un mes en los trabajos ejecutados por la contratista HPC, pero no quiso informar sobre las causas de tal receso.
La relación de obras y servicios de HPC Venezuela en el Registro Nacional de Contratistas indica que los trabajos de montaje y puesta en servicio del equipamiento electromecánico de Tocoma tienen un 6% de avance. La empresa ha trabajado en el montaje electromecánico de Guri, Macagua y Caruachi.
Obra civil a punto
El consorcio OIV Tocoma cuenta aún con la contratista RPL en los frentes de trabajo. El director de la empresa RPL Construcciones, Pedro Pablo Figarella, sostuvo -vía telefónica- que las obras civiles ejecutadas por la industria no están paralizadas.
“Tenemos gente trabajando y hace poco hicimos un vaciado. La indisponibilidad de recursos claro que nos ha afectado, pero hemos estado sacando recursos de otros lados confiando en que eso se resuelva. Entendemos que como contratistas tenemos que dar nuestra parte de sacrificio y eso es lo que estamos haciendo”.
RPL cuenta con 80 trabajadores aproximadamente en la ejecución del proyecto, de acuerdo con su director.
Obra sin inspectores
362 inspectores de la obra, encargados de verificar los avances y certificar el cumplimiento de los proyectos, están sin salario desde julio de 2013. Los trabajadores, con varios años de servicio en la obra gestionada por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pertenecen a la nómina del consorcio Uriapari, conformado por las empresas Consultores Occidentales, Deproex, Gerencia de Ingeniería, Inelmeca, Ingenieros Electricistas y Mecánicos y Y&V Ingeniería y Construcción.
Además del impago de los salarios desde hace cuatro meses, los inspectores de Tocoma no reciben cestaticket desde junio. Se les adeuda también la contribución para útiles escolares correspondiente a este año; vacaciones desde junio de 2013; anticipo de prestaciones desde noviembre de 2012; HCM desde julio; el aumento salarial correspondiente a mayo, retroactivos y prestaciones sociales a 54 trabajadores desincorporados desde junio de este año.
Pese a las deudas, los trabajadores acudían a sus puestos hasta principios de octubre cuando se suspendió el servicio de transporte contratado por Uriapari desde Puerto Ordaz hasta Tocoma.
La sarta de incumplimientos está descrita en un instrumento consignado ante la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” a finales de septiembre de 2013, en el que señalan que el Consorcio Uriapari ha condicionado el pago de lo adeudado a sus trabajadores al pago de facturas por parte de Corpoelec, que a su vez lo condiciona a la asignación de recursos económicos por parte del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), indica el documento firmado por la directiva del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Empleados de la Industria de la Construcción, Similares, Conexos y Afines del estado Bolívar (Sinpteinconst) y lo ratifica el miembro de la comisión de los trabajadores afectados, José Luis Alvarado.
El reclamo ha sido elevado no sólo a las instancias laborales y a Corpoelec, sino también a la comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Finanzas, Defensoría del Pueblo y Ministerio de Energía Eléctrica, pero el desembolso de Bs. 138 millones, que representan la deuda con Uriapari, no se ha concretado.
Alvarado señala que desde finales de 2010 con cierta frecuencia se han registrado problemas de liquidez, tanto que en 2011 estuvieron tres meses sin cobrar sus salarios.
En esta oportunidad, dijo, la vía por la que optaron los trabajadores fue demandar en el ámbito judicial el pago de los salarios, ante el Tribunal de Primera Instancia de Sustentación, Mediación y Ejecución del circuito laboral. Cada día son más los trabajadores que se suman al instrumento legal.
Costos repuntan
En el portal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se especifica que la ejecución de Tocoma inició en julio de 2002, de modo que tiene 11 años en obra. La puesta en marcha de la primera unidad generadora, de acuerdo con la página web oficial del ente, se estimaba para julio de 2012.
La inversión total reflejada en el portal es de 5.996 millones de dólares, por lo cual se observa que el costo del proyecto se ha elevado 28% con respecto al costo estimado en la actualidad de $ 7.683 millones.
Si se compara el costo actual con las estimaciones iniciales, el salto es superior. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que en el 2005 el costo total del proyecto era de $ 3.061 millones, calculados con precios base de diciembre de 2003. El costo actual es 150% superior al presupuesto inicial.
