EL UNIVERSAL
Únete y Fadess advierten conflictos y despidos laborales en 2013.
En los últimos años, el país ha sido escenario de protestas laborales de distintos sectores. Tan solo en octubre se registraron alrededor de 521 protestas, de las cuales 204 corresponde a conflictos laborales, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
La principal causa se asocia a la violación de contratos colectivos.
Para algunas organizaciones sindicales, no se trata de una situación aislada, sino que es una estrategia oficial que busca desmontar los contratos colectivos y eliminar el sindicalismo autónomo.
Las recientes declaraciones del vicepresidente Ejecutivo, Nicolás Maduro, activaron las alarmas frente a lo que consideran una arremetida.
Maduro planteó la necesidad de «romper el esquema de contratos que son monstruos de mil cabezas y al final no resuelven ningún problema», a raíz del conflicto eléctrico por el incumplimiento de la convención suscrita hace cuatro años.
El propio ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, afirmó que no se ha podido honrar el contrato, «porque simplemente no hay recaudación para honrarlo». Los trabajadores consideran que es un argumento sin base porque el Estado ha asumido parte del costo de los últimos contratos, debido a su política de mantener congeladas las tarifas eléctricas.
Para Froilán Barrios, miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), el hecho cierto es que la aseveración de Maduro es un «contrabando que se está montando desde el Gobierno para desmontar los contratos».
Recordó que ésta es una ambición frustrada que se pretendía cristalizar hace 10 años con el denominado «Contrato Moderno» de Pdvsa, que pretendía una flexibilización de las conquistas laborales. El fin último es «abaratar la mano de obra, las primas, salarios».
Al respecto, Servando Carbone, representante de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete), señaló que existen funcionarios del alto Gobierno que no les interesa los trabajadores y tienen una política de terrorismo laboral y sindical. «Lo que les interesa del trabajador es manipularlo», expresó.
Degradación colectiva
La aprobación de contratos colectivos en el sector público ha venido disminuyendo. Según el Fadess, hoy en día existen aproximadamente 400 contratos sin discutir, correspondientes a alcaldías, gobernaciones, gremios profesionales y ministerios.
El sector público ha centrado las discusiones en Cantv, Electricidad de Caracas, Pdvsa, Sidor (2008) y educación.
Según Carbone, en 2010, ya el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, había dicho en una reunión del Frente de Trabajadores del Psuv que las únicas convenciones que se discutirían en el país serían la petrolera, eléctrica y de educación.
El problema no solo se centra en los contratos colectivos, sino que existen amenazas contra la estabilidad laboral.
Los planes de revisar la nómina estatal hacen suponer que «se está preparando un despido masivo», advirtió Barrios.
El portavoz de Únete alertó, a su vez, sobre un «paquetazo Giordani» que provocará el despido de más de un millón de trabajadores de la administración pública. «El 26 de diciembre termina el decreto de inamovilidad laboral y si bien la nueva Ley del Trabajo establece el decreto de estabilidad, el Gobierno tiene planificado la eliminación de Fontur, por ejemplo, porque no hay presupuesto», agregó Carbone y sumó otros entes adscritos a la lista.
Los riesgos son una mayor conflictividad y desempleo, a lo que Únete y Fadess se opondrán mediante la defensa irrestricta de las conquistas laborales.
