DIARIO LA VERDAD (ZULIA)
Yasmín Ojeda / Maracaibo / yojeda@laverdad.com
Tras denuncia y petición de intervención de la Defensoría del Pueblo a finales de enero por el incumplimiento de derechos laborales, “les pagaron una parte de las deudas caídas”, acumuladas en salarios, cesta alimentaria, utilidades, indemnizaciones
La semana de jornada de labores para los trabajadores de las contratistas que prestan servicios de mantenimiento y limpieza en las instalaciones de Corpoelec inició con un destino a oscuras. “Se les impidió el paso cuando fueron a entrar a sus centros de trabajo. No les permitieron el ingreso”, informó Wilfredo Olano, coordinador del Sutiescez, desde la Inspectoría del Trabajo de Maracaibo dónde acompañó a los afectados a denunciar la irregularidad laboral.
Explicó que la medida, con “complicidad de Corpoelec”, se ordenó y ejecutó el lunes al personal de Némesis, Cooperativa Santa Bárbara y Aplisum, empresas que hacen las jornadas en las oficinas y plantas de la empresa eléctrica estatal, y que desde el año pasado tienen fallas en honrar los compromisos legales dispuestos en la LOTTT.
Olano acusó en la sede del Ministerio del Trabajo la “situación” que atraviesan más de 300 trabajadores en condición de tercerizados, al tener años de servicios ininterrumpidos, careciendo de protección legal. “Estamos pidiendo el reenganche porque eso ante la ley se considera despido del trabajo. Aquí hay un interés oculto. Queremos que se investigue en profundidad para ver quiénes son los directivos de Corpoelec en Zulia que están involucrados y estén permitiendo que sucedan estos hechos”.
Tras denuncia y petición de intervención de la Defensoría del Pueblo a finales de enero por el incumplimiento de derechos laborales, “les pagaron una parte de las deudas caídas”, acumuladas en salarios, cesta alimentaria, utilidades, indemnizaciones. Olano aseguró que siguen pendientes compromisos salariales y la dotación de materiales para la seguridad del trabajador.
La arremetida de prohibirles el paso a sus puestos se ordenó en Zulia, aunque en el resto del país hay reclamos, fue en el estado donde se concretó la prohibición. “Nuestra condición es que ningún trabajador debe entrar si no se les garantizan sus derechos. No tienen las condiciones mínimas de trabajo, pedimos un pronunciamiento de la Inspectoría”.
Luis Darwich, trabajador de la empresa Santa Bárbara, pidió a la representación del Ministerio del Trabajo se garantice la estabilidad y seguridad laboral. Son 20 años de antigüedad sin reconocimiento de sus derechos. “No tenemos botas de seguridad, estamos sin seguros social. Queremos que se haga justicia social con nuestros cargos”.
