CORREO DEL CARONÍ
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El turbinado en seco de la primera unidad generadora de Tocoma fue uno de los últimos actos televisados desde la cuarta central hidroeléctrica del Bajo Caroní, en el estado Bolívar. Fue la ruta que propusieron técnicos e ingenieros de la obra para mostrar su movimiento. La primera de este tipo que se hacía en el mundo y que fue ideada como una forma de mostrarla y atraer inyección financiera, frente a un gobierno -en ese entonces- atento a su evolución.
Esa tarde de septiembre de 2012 se hizo el giro mecánico a 10 revoluciones por minuto, recuerda un ingeniero que presenció la rotación de la turbina de la única máquina -de 10 en total- armada al 100% hasta ahora. Era el mismo movimiento necesario para generar electricidad, pero sin agua.
“La ultraderecha dice que nada de esto existe, lo que están viendo por televisión es mentira, esto es un montaje”, bromeó el ministro de Energía Eléctrica de entonces, Héctor Navarro, quien prometió la entrada en operación de la primera turbina en los inicios de 2013. Ya había un año de retraso respecto al plan de construcción original, anunciado por el expresidente Hugo Chávez.
Frente a la cartera eléctrica, Navarro fue sustituido por Jesse Chacón, el último antes del nombramiento de Luis Motta Domínguez, quien desempeña el cargo hasta ahora. Todos prometieron la finalización de la central hidroeléctrica, actualmente paralizada por completo.
Ahora es 2017. 9:16 de una mañana del mes de marzo. Tres perros hambrientos y un vigilante son los únicos seres vivientes en la nave de la sala de máquinas. Nadie más da calor al área, en la que están dispuestos los diez pozos para igual número de unidades generadoras, de las cuales solo una está instalada, pero sin producir. El vigilante no se inmuta. Sentado frente a un vetusto escritorio, nos mira, pero nos permite entrar, quizá por la soledad habitual de ese lugar en el que han llegado a laborar en los picos de la construcción más de 10 mil obreros.
La unidad 1 es la única instalada. Con tapa. A un lado, antes de llegar a ella, yacen un par de armatostes de las unidades más potentes del mundo y arriba las grúas, un par identificadas, inertes. Así está toda la obra y sus áreas auxiliares. Vacías. En silencio total.
La soledad se advierte desde la entrada, a media hora aproximadamente de Ciudad Guayana. Un portón que permanecía abarrotado de hasta 2 mil desempleados en busca de vacantes está totalmente despejado. Las vallas desteñidas. El estacionamiento, a la izquierda, sin un vehículo.
“Cuando pasas y no hay nada, la respuesta es clara: la obra está paralizada”, dice un trabajador de una de las contratistas, que por temor a represalias prefiere no identificarse, y que recuerda como en plena construcción el tráfico de camiones en ambos sentidos, por esa vía rústica, era continuo.
A mitad del trayecto a la Casa de Máquinas yacen los 18 cuerpos fragmentados de una mega grúa que, señala, debe estar en alquiler y consumiendo recursos, pese a la inutilización del equipo. Más adelante todo vacío y estancado, la planta de cemento, el patio de distribución, los improvisados comedores desmantelados y con las lonas agujereadas, la planta de hielo y un largo etcétera.
Otra señal, agrega el trabajador, es claro indicio de la detención. El canal de descarga está seco, “eso quiere decir que no hay máquinas trabajando”. El área de servicios médicos del proyecto también está cerrado y en los seis galpones del almacén general de depósito no se mueve ni una tuerca. En el área administrativa de Corpoelec, una ambulancia permanece sin cauchos, al igual que siete vehículos oficiales con los cauchos espichados y claramente fuera de servicio.
Todo está paralizado.
Desembolsos desproporcionados
La detención del gran proyecto, que contribuiría a estabilizar el deteriorado sistema eléctrico venezolano, no está así por falta de recursos financieros. En el periodo de construcción, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), han dado más del triple de lo que aportaron para centrales hidroeléctricas similares en la región como Caruachi, con la misma cantidad de unidades generadoras.
En un exhaustivo informe, publicado el 15 de enero de 2017, la comisión mixta de la Asamblea Nacional para el estudio de la crisis eléctrica en el país, constató desembolsos desproporcionados para la construcción de Tocoma, que el expresidente Hugo Chávez se comprometió a construir en nueve años por una inversión de 2.076 millones de dólares.
“¿Saben cuántos empleos se van a generar allí? 5.500 empleos directos, mano de obra para, ustedes, trabajadores. Vamos a poner las manos, el corazón en la construcción de Venezuela. Y empleos indirectos, 16.500. ¡Bravo, adelante, esto es la CVG!”, dijo, la tarde del 28 de abril de 2002, hace exactamente 15 años.
Hasta 2016 se estimaba que entre los desembolsos ya realizados y las cuentas por cobrar de las principales contratistas de la obra civil y electromecánica -el consorcio Odebrecht, Impregilo y Vinccler (OIV) y la Industria Metalúrgica Pescarmona (Impsa), respectivamente- la obra superaba los $ 5.355 millones, cifra a la que se deben sumar costes pendientes.
El total duplica el costo de la central hidroeléctrica Caruachi, también en el Bajo Caroní, que se ejecutó con $ 2.797 millones de acuerdo con la ficha técnica del proyecto, publicada en el portal del BID. Caruachi tiene una capacidad instalada de 2.196 mw, mientras que la de Tocoma es de 2.300 mw, una diferencia mínima.
“Es claramente notoria la diferencia entre los recursos efectivamente requeridos por Caruachi en el lapso 1998-2006 y los recursos que se han invertido en Tocoma entre 2002 y 2016, independientemente de las dificultades para el cálculo del valor en dólares del desembolso en bolívares”, advirtió la comisión mixta, presidida por el diputado Jorge Millán.
En el caso del contrato civil, a cargo del consorcio OIV, la comisión alertó que tanto los montos en divisas ($1.300 mm) como en bolívares (Bs. 15.969 mm) son claramente desproporcionados. Los primeros, indican, son superiores a los entregados al contratista electromecánico cuyo componente importado es mayoritario. “Aunque la sobrevaluación de la moneda local puede explicar parte del sobrecosto es evidente que el costo de la obra civil se encuentra completamente fuera de rango”.
Despilfarro en investigación
En lo que respecta al contrato electromecánico, apuntan que en noviembre de 2012, el contrato con Impsa fue recalculado de $ 451 millones a $ 1.150 millones, una variación de 154%. “Debe explicarse con detalle cómo la aplicación de ajuste de precios (fórmula escalatoria) de un proyecto en divisas permitió tal incremento en los precios”.
La AN insistió en que el financiamiento de $ 3.050 millones, otorgado por la CAF y BID entre 2004 y 2010, hubiese permitido cubrir 100% del costo de Caruachi, que contó con un financiamiento de apenas $ 650 mm por parte de ambos entes multilaterales.
“Los aportes totales del BID y la CAF están muy por encima de los montos en divisas con los que las contratistas OIV y Impsa ganaron sus respectivas licitaciones. Estos elementos discordantes hacen presumir una posible sobreinversión en moneda extranjera, que debe ser explicada ya que una buena parte de la inversión es realizada en moneda local (concreto, transporte, maquinaria, personal, etc.). Es conocido por la comisión mixta que al menos en una ocasión, debido a la creciente inflación y la falta de disponibilidad presupuestaria en bolívares, el ente contratante tuvo que recurrir a la aprobación de créditos adicionales por parte de la Asamblea Nacional. Por esta razón, se observa que los montos en dólares con los que las empresas ganaron sus licitaciones debieron ser suficientes para adquirir los componentes importados y el pago de la utilidad a las empresas”.
Por estas irregularidades, instaron a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional así como a la Contraloría y Fiscalía General de la República a abrir una investigación para determinar las responsabilidades del despilfarro.
Los cuantiosos desembolsos chocan con lo que en el interior de la compañía piensan los trabajadores. “El contrato civil se paralizó por falta de pago”, aseguró una empleada de Corpoelec vinculada al proyecto, que prefirió mantener su nombre en reserva.
– ¿Cuál es la fecha estimada de conclusión del proyecto?
– No hay fecha, es imposible tan siquiera estimarla, puesto que todo depende de la disponibilidad de fondos, sobre lo cual tampoco hay garantía.
-¿Qué impide reanudar las obras y por qué está paralizada?
– Falta de pago, mismo motivo de la paralización y de la imposibilidad para reanudarla.
-¿Siguen vigentes los contratos con Impsa y OIV?
– El contrato civil venció en noviembre de 2013 y fue prorrogado por 36 meses hasta noviembre de 2016. Actualmente está vencido.
El costo del retraso
Cada día que pasa son más los recursos que se pierden y los que se requieren para reanudar la obra. Un ingeniero, que trabajó en la antigua Edelca durante 28 años y que prefirió mantener su nombre en reserva por temor, asegura que reactivar una obra de esa envergadura es una hazaña. “Cuando se paraba un proceso tardábamos tres días en reanudarlo; cada año perdido, son tres años para reactivarlo”, sostiene.
Solo la primera unidad está armada al 100%, mientras que la segunda presenta una avance de 40%. Las ocho unidades restantes deben ser armadas y, fuentes del proyecto, aseguran que restan por concluir diversas obras auxiliares como la casa de huéspedes, la estación de bomberos, el edificio administrativo, entre otras tareas como elevar la presa derecha, inundar el canal de descarga, servicios auxiliares, sistema de alumbrado, calefacción, ventilación, aire comprimido, no asociados a la generación per se pero necesarios y parte del porcentaje que le falta por completar a la contratista civil OIV.
Pero el ingeniero alerta que la migración masiva de la antigua Edelca dejó a la hidroeléctrica sin el personal calificado para retomar el proyecto, “puedes traer todos los recursos y los vas a botar porque no tienes la gente (…) Hasta hemos tenido suerte de que no estén los recursos, porque se necesitan personas que no están allí. Es como que yo te diga vamos a hacerte una operación a corazón abierto y te diga por allí hay un doctor, pero no es cardiólogo te vas a morir. De los 400 profesionales que había en los mejores tiempos no quedan ni 50”, advirtió.
La Dirección de Expansión de Generación de la antigua Edelca fue desmantelada, sostuvo. El profesionalismo se deterioró, a la par de la institucionalidad en el país. “Hace un par de años fui a la obra y me encontré con que en el archivo técnico donde estaban los documentos contractuales, especificaciones técnicas y papeles que comprometen a la organización, había una bodega”.
“Tocoma estaba siendo llevada por personal formado para eso, pero cambiaron la visión del proyecto y no se le ha dado la importancia que tiene. Decir que le están poniendo interés, no lo están haciendo. Claro, no hay recursos. No están los profesionales y los técnicos, hay que reclutar gente, prepararla”, resalta.
Correo del Caroní intentó contactar al encargado de la obra por parte de Corpoelec, pero fue infructuoso. También se contactó a la contratista Impsa y OIV y no se obtuvo respuesta. A la primera, incluso, se le enviaron correos electrónicos que no fueron respondidos.
La Asamblea Nacional estima que, suponiendo que las obras se reanuden en 2017 y cumpliendo con el cronograma establecido por Impsa, la central opere plenamente a finales de 2020, “por lo que se verifica un retardo de 9 años respecto a la fecha de firma del contrato inicial anunciada por el presidente Hugo Chávez en 2002”.
“No obstante, la entrada en operación en 2019 es optimista por cuanto la obra se encuentra desde 2014 sin inspector y por lo tanto se presume que está paralizada”, añaden más adelante.
El Parlamento enfatiza que el retraso en la puesta en funcionamiento de la central ha obligado a la incorporación creciente de combustibles líquidos, principalmente importados, en el despacho térmico, con un costo de oportunidad estimado en el orden de $ 16 mil millones, ocho veces el costo original de la obra.
“El costo de oportunidad debe entenderse como los recursos económicos que hubiese obtenido el Estado de la venta del combustible líquido quemado en las centrales termoeléctricas en lugar de despachar oportunamente la central hidroeléctrica según el plan previsto”.
Todo, cuando la crisis económica, social y política alcanza un pico sin precedentes, que complican aún más la reactivación de la obra.
[box] El estatus de la obra, según contratistas
Obras civiles: Según el Consorcio OIV, hasta diciembre de 2015 las obras civiles tienen un avance físico de 98%. La AN advierte que el avance físico de las obras civiles estaba en 96% en enero de 2013, por lo que la obra solo avanzó 2% en tres años.
Obras electromecánicas: Impsa precisó a la AN que, para diciembre de 2015, el avance de la obra se encuentra en 84,3% para la fase de ingeniería de fabricación, faltando algunos manuales, casi 100% para la procura, 71% para la fabricación de componentes y 32% para la instalación, ubicando el avance físico total del contrato en 77,35%. El sistema de control, fue contratado a destiempo, en el 2012 y muestra un avance del 40,21%.
“Impsa alega que los equipos en su mayoría ya se encuentran fabricados y en espera de ser instalados. Sin embargo, el contratista electromecánico no ha podido instalar las turbinas restantes ya que los pozos no han sido liberados por la contratista civil. Si se liberan los pozos el montaje total puede concluir en 2019. La empresa OIV Tocoma aduce que el avance de obra civil se encuentra en 96% y desconoce las causas por las cuales las obras electromecánicas no avanzan”.
La AN ha señalado en su informe que la falta de coordinación entre Corpoelec y las contratistas ha sido determinante. “Los lapsos establecidos en el pliego de licitación de las obras electromecánicas no se pudieron cumplir debido a los retrasos en la consecución del financiamiento por parte de Edelca. Las obras electromecánicas se iniciaron con un año después de la buena pro (…) Los problemas en la ejecución del proyecto por parte del ente contratante y la falta de flujo de caja en moneda nacional pueden estar en el origen de la ralentización de las obras. Debe tomarse en consideración que un retraso aproximado de 5 años para ambos contratistas posee un impacto en la estructura de costos del proyecto en moneda local, que seguramente requerirá fondos adicionales para su culminación”. Y, en efecto, así es.[/box]
