CORREO DEL CARONÍ
PÚBLICO & CONFIDENCIAL/Damián Prat C.
Observemos algunos hechos concretos y reales. 1.- La norma común en las empresas del Estado, los entes públicos y ministerios es que los contratos colectivos no se discuten y están vencidos por largos años. Más de 10 años en la administración pública (más de un millón de trabajadores). Similar situación entre los trabajadores de la salud que son cerca de 400 mil en todo el país. A los trabajadores y profesores universitarios aplican lo mismo pero en forma indirecta al ahogar a las universidades congelando por siete años el presupuesto. En las estatales de Guayana la violación a la Constitución y la Ley con el vencimiento de los convenios colectivos oscila entre 3 y 6 años.
2.- En 2009, el entonces vicepresidente Jaua envía un memorándum a todos los ministerios y empresas del Estado prohibiendo discutir contratos colectivos. Eso fue en medio de la mayor bonanza de ingresos petroleros de la historia. 3.- Ese mismo año se dicta el decreto 7069 ordenando a una comisión presidencial (Jaua, Maduro, Iglesias, Giordani) “revisar” todos los conceptos “socio-económicos” de los contratos colectivos y en especial conquistas tales como servicios médicos y HCM, subsidios y planes educativos para el trabajador y su familia, programas de recreación, aportes de vivienda, otros seguros, etc. con el fin de “adaptarlos al socialismo”. 4.- La ministra Iglesias anunció la idea del “salario social” (modelo cubano) en lugar del “concepto capitalista de los aumentos salariales”. Ella explicó (en Cuba eso es ley) que tener escuelas públicas, hospitales, etc. debían ser considerados parte del salario. Quien tenga ojos que vea.
5.- Ahora Maduro lanza la “idea” de “cambiar el modelo de contratos colectivos” por uno (supuestamente) socialista mediante el concepto de los “módulos” donde, por ejemplo, las conquistas socio-económicas antes señaladas debían quedar separadas de los otros temas. 6.-Lentamente aparecen “Barrio Adentro Obrero” y “Mercal Obrero” como sustitutos “progresivos” de los servicios médicos, comisariatos e incluso para relativizar los aumentos salariales.
¿El propósito final es eliminar los contratos colectivos y reducir los sindicatos al rol de “correas de transmisión” entre el gobierno omnipotente y todopoderoso con los trabajadores? Todo indica que sí, como en el modelo cubano. En el “mar de la felicidad” (Cuba) no existen los contratos colectivos. No hay derecho de huelga ni pliegos conflictivos. Ya Giordani logró hacer pasar ese “strike” en el “Plan Guayana Socialista” de 2009 sentenciando la eliminación de los sindicatos “porque son instrumentos de lucha y no de participación”.
¿Por qué, entonces, no eliminan ambas figuras mediante un decreto o una Ley? Obviamente porque el costo político de hacerlo sería muy alto y causaría un terremoto que los barrería del poder. ¿Entonces? Van imponiéndolo (aunque a veces con algunos retrocesos “tácticos”) lenta y progresivamente. Una idea es que el trabajador se vaya haciendo “conformista” y le venden que “somos buenos y socialistas, no te dejamos sin empleo y tienes quince y último”. El propósito es aplacar todo deseo de progreso y ascenso social (menos para los “enchufados” que se enriquecen groseramente) bajo un palabrerío de “moral revolucionaria.
Cuando el trabajador lucha y reclama (como sucedió con la presión de los trabajadores a los dirigentes sindicales gobierneros en aquella “cadena” de agosto pasado en Caruachi o cuando hay mucha presión de calle) el gobierno da un medio paso atrás (“discutan esos contratos, pues”) para luego dar largas al tema y finalmente inventar unas tales “micromisiones” que nadie sabe qué significan (como antes inventaron el “control obrero” para distraer un par de años) y unos “módulos” que parecen apuntar a aprobar alguna variante de “contratos” o, quizás algo en cuanto al salario, pero “bypassear” las conquistas socio-económicas que según ellos “no son socialistas”, es decir, todo lo que significa progreso y ascenso social para la familia del trabajador.
Vean cómo se han ido precarizando los salarios y el ingreso familiar del trabajador. Un profesor universitario con Bs. 2.600/mes. Otros, cargados de posgrados y maestrías con Bs. 4 mil o Bs. 5 mil. O un trabajador de Venalum con salario de hace seis años. O trabajadores de la salud (incluyendo médicos y otros profesionales) que apenas sobrepasan el salario mínimo. Poco a poco imponiendo el retroceso social. El modelo cubano: salarios que no suben de 30 dólares/mes y el salario social que lo integra la libreta de racionamiento, servicios de escuelas y hospitales… siempre que seas sumiso y abandones toda rebeldía o sueño de progreso. Todos igualados por debajo. Todos controlados. Que nadie progrese. Quien progresa se hace independiente. Ya no es manejable.
No es muy difícil armar el “rompecabezas” del plan estratégico de la (falsa) revolución roja rojita con respecto a los derechos de los trabajadores. Aunque siempre usan el disfraz del palabrerío supuestamente socialista, los hechos han ido mostrando para dónde quieren llevarnos aunque lo hagan en medio de “pasos tácticos”. El norte estratégico para ellos es el modelo cubano (con algunas variantes de tiempo y espacio). Todos (menos los jefes que sí viven en medio de grandes privilegios) igualados por debajo, en la precariedad. En un tipo de pobreza ajustada que hace a todos dependientes de “papá gobierno” y por tanto sujetos del control político y social. Un “socialismo” fracasado, retrógrado, reaccionario. Desechado desde hace décadas por toda la izquierda progresista mundial. Una ruina económica y social que sin embargo, intentan repetirla cual si fuera una utopía de bienestar y justicia. Fracasó en la antigua URSS que era un coloso de riquezas naturales. Fue abandonado en China tras la catástrofe social del maoísmo. Los pueblos de Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental derrumbaron el “Muro”. Es una rémora anti histórica que “sobrevive” como estados policiales solo en Cuba y Corea del Norte. Y aquí, estos atrasados lo quieren copiar.
TIP único y grave: Recorte eléctrico. Ojo. No perder de vista. Ese anuncio de “recorte” del ministro Chacón es una sentencia de que el gobierno no piensa invertir en recuperar a las industrias de Guayana. Porque rescatar hornos y celdas implica aumentar el consumo de energía. Tan grave como querer aplicar otro golpe mortal de “reducción del 20%”, en el uso de energía para la producción industrial del acero y el aluminio es condenar a Guayana a no recuperar su capacidad productiva. Harán teoría sobre “optimización” de la energía. ¿Eso quiere decir que ya sentenciaron a Venalum y Alcasa a no reconstruir sus celdas de reducción destruidas que entre ambas suman alrededor de 900? ¿Y a Sidor a no recuperar sus hornos paralizados en Planchones y palanquillas? Ojo, Tres años después, ¿cuál es la excusa para no haber aumentado la capacidad de generación de energía? ¿Dónde están los reales? ¿Nadie va a responder por toda esta destrucción? ¿Ahora Maduro no sabía nada? ¿Maduro, Jaua, Rangel, Chacón, Giordani, etc. no eran del gobierno anterior? ¿Van a culpar de todo a Chávez y ellos “salirse del paquete”?