EL NACIONAL
La voz del consumidor
Derechos del consumidor
ROBERTO LEÓN PARILLI
PRESIDENTE DE ANAUCO
La mayoría de los servicios que reciben los usuarios en Venezuela seguro que tienen severas deficiencias; ya no importa si es prestado por el sector público o el privado, la constante es que carecen de calidad, hay baja o ninguna competitividad y los mecanismos de reclamo son poco eficientes para materializar los derechos ciudadanos.
Esta situación tiene su origen en la volátil economía que nos caracteriza, acompañada de frecuentes cambios legislativos que afectan la seguridad jurídica, ingredientes todos que desincentivan las inversiones y, con ello, el mantenimiento y mejoramiento de las plataformas instaladas para satisfacer adecuadamente la demanda.
La posición de dominio se hace presente ante la baja cantidad de competidores, bien sea porque el Estado asume directamente un rubro determinado, como, por ejemplo, la energía eléctrica, o porque en el sector privado no están dadas las condiciones para participar, por ejemplo, la existencia de un control de cambio que limita las importaciones e impide a los extranjeros repatriar sus utilidades. Cualquiera que sea su forma, la posición de dominio produce un marcado menoscabo de los derechos de las personas, que tienen que someterse a los designios y conveniencias de un único o casi único prestador de servicio; al no haber más opciones se ve obligado a aceptar el que se le ofrece en las condiciones y al precio que sea.
Se agrava la situación cuando el prestador del servicio es un ente del Estado. En esos casos el reclamo carece de fortaleza, la práctica nos indica que los organismos receptores de las denuncias, con plenas facultades, no se activan cuando se trata de una empresa estatal, vale decir, el mal servicio eléctrico causa daños a los usuarios y, en lugar de ser resarcidos, son multados para que gasten sólo la energía que se puede generar en este momento. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, conveniente es denunciar. El usuario se hace fuerte cuando se organiza, sobre todo tomando en cuenta que en este caso el derecho de contar y de elegir servicios de calidad tiene rango constitucional, se encuentra expresado en el artículo 117 de la carta magna.
http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2012/09/03/N2_5N1.asp
