PRENSA CORPOELEC
El gobierno de Colombia está traspasando importantes activos eléctricos a empresas privadas, a diferencia del Estado venezolano, que mantiene la propiedad de la totalidad de los sistemas de generación, transmisión y distribución de este importante insumo energético.
Todos estos bienes son propiedad de CORPOELEC, que garantiza un suministro estratégico a todos los ciudadanos, sin discriminación de su poder adquisitivo.
Sin duda que uno de los activos más valiosos de CORPOELEC es la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como represa de Guri, que es el embalse de mayor tamaño en Venezuela, y el onceavo del mundo. Por su gran magnitud, es responsable de hasta el 70% de la generación de electricidad del país, produciendo energía barata y ecológica sin la quema de combustible, y minimizando la emisión de dioxido de carbono al medio ambiente.
Desde su entrada en funcionamiento, en 1978, Guri ha estado bajo el control del Gobierno Nacional. Sin embargo, antes de la llegada del Gobierno Bolivariano, se vendía esta energía a precios irrisorios a compañías privadas, que la comercializaban a los usuarios con un incremento exorbitante.
Este esquema se eliminó con el Gobierno Bolivariano, que ha garantizado la propiedad pública de esta importante infraestructura, a diferencia de lo ocurrido con la empresa Isagen, que genera la quinta parte de la energía eléctrica en Colombia.
Desde que entró en operación hace 20 años, grandes conglomerados internacionales han ambicionado comprar esta importante compañía de la vecina nación, por su alta rentabilidad, su atractivo de mercado y su potencial de crecimiento.
El gobierno de derecha de Juan Manuel Santos vendió a mediados de enero de 2016, el 57,61% de las acciones de Isagen, empresa eléctrica colombiana, al fondo de inversión canadiense Brookfield, en una polémica transacción donde los críticos cuestionan esta cesión que catalogan como garrafal error, por tratarse de una institución eficiente con grandes utilidades, que ingresaban a fisco colombiano.
La transacción se cerró en dos mil millones de dólares, que según expertos en economía representó una pérdida patrimonial para Colombia, dado que por estos títulos valores se podían obtener 500 millones de dólares adicionales, según la evaluación de profesionales especializados en el área.
La principal interrogante que deja esta transacción es quien se encargará de desarrollar nuevos proyectos para satisfacer el crecimiento de la demanda en los próximos años en el vecino país.
En la nación neogranadina prácticamente todas las plantas de generación hidroeléctrica las ha instalado el sector público, por lo cual hay analistas que prevén que la expansión de paralizarse con esta ola privatizadora. Se trata de inyecciones de grandes cantidades de recursos financieros en obras que pueden tardar años en culminarse, con un retorno de la inversión a largo plazo.
Hay analistas que coinciden en que al ceder el control de esta área tan estratégica, el Estado colombiano se queda sin un instrumento clave para garantizar la expansión de la economía y el bienestar de todos sus ciudadanos, sin distingo de su clase social.
