Zulianos marchan “entre iguanas” en protesta por caos eléctrico

LA VERDAD (ZULIA)

Ciudadanos del estado Zulia marcharon en medio de pancartas, consignas e iguanas reales para manifestar por la ausencia de acciones en el sector eléctrico y que mantienen en vilo a la región

“La culpa no es de la iguana señor presidente. Aquí le soltamos las iguanas para que no sigamos viviendo en la misión oscuridad”. Así lo expresó ayer la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), Marianela Fernández junto a las diputadas Marlene Antúnez, Iraida Villasmil y Maris Yuli Urdaneta, Concejales de Maracaibo y San Francisco, voceros y sociedad civil durante lo que denominaron la “Marcha de las Iguanas”, quienes con pancartas, consignas e iguanas reales, fueron hasta la Defensoría del Pueblo a fin de exigir acciones en materia de inversión eléctrica.

La titular del CLEZ entregó un documento a la Subdirectora de la Defensoría del Pueblo, en donde se pide a ese organismo acciones para que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) “de una vez por todas dé respuesta a los ciudadanos”.

Así mismo hizo referencia a las últimas declaraciones de diferentes voceros del gobierno nacional quienes durante dos años ha venido mintiéndole al pueblo culpando a la represa del Guri, al fenómeno de El Niño, a las iguanas y a los usuarios con alto consumo de energía.

“Hoy estamos dando un dictamen con la voz del pueblo para exigirle al Gobierno Nacional actúe en materia de energía eléctrica y deje de culpar a las iguanas que no tienen nada que ver con su ineficiencia”.

“Los zulianos nos declaramos en emergencia debido a la paralización de hospitales, sectores productivos, escuelas, y hasta en las iglesias y funerarias sufren por los apagones”, dijo la parlamentaria.

También hizo un llamado al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Emiro García Rosa, para darle curso a la audiencia constitucional del juicio introducido ante su despacho, “porque los reales de las multas también se los están robando”, y asimismo ratificar a la Defensoría del Pueblo la petición por velar el acceso a servicios dignos, y atender a las comunidades que son los principales afectados.